El proyecto, que entre otras cosas contempla un aumento de la edad jubilatoria, logró el voto de la bancada del oficialismo luego de no pocas negociaciones, ya que los legisladores del derechista Cabildo Abierto (CA), uno de los partidos incluidos en la alianza que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou, presentaron diversos reparos.
Voceros de CA citados por el periódico La Diaria dijeron que la agrupación espera zanjar las diferencias que tiene con la iniciativa cuando el proyecto pase a Diputados, lo que ocurrirá ya en 2023.
Entre otros puntos, el proyecto amplía la edad de jubilación hasta los 65 años, en una escala vinculada con la fecha de nacimiento, dispone un tratamiento especial que incrementa los beneficios a familias que incluyan hijos con discapacidad, permite a las personas jubiladas mantener un empleo y dispone de un “suplemento solidario” para los haberes más bajos.
El oficialismo alcanzó la aprobación en general del proyecto luego de sortear además diversos contratiempos, como el de no contar con quorum por distintas circunstancias que atraviesan algunos de sus legisladores, lo que fue cuestionado por el opositor Frente Amplio (FA).
Más allá de estos episodios, la sesión transcurrió en línea con los argumentos esgrimidos por el oficialismo y la oposición en los últimos meses.
Para los primeros, la reforma es necesaria para lograr la sostenibilidad del sistema jubilatorio, los cambios son graduales y no acarrearán perjuicios para los trabajadores, se incorporan nuevos derechos, como la posibilidad de combinar trabajo y jubilación, y además se eliminan inequidades con la convergencia de todas las cajas en un régimen previsional común, con una parte estatal y otra por AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional).
En cambio, el FA planteó que se incumple una promesa de campaña, ya que el presidente Lacalle Pou dijo que no modificaría las reglas a quienes ya estaban trabajando; que hay sectores que se verán directamente perjudicados por los cambios jubilatorios y la suba de la edad de retiro a 65 años; que no se atravesó un proceso de diálogo social en busca de consenso para hacer una reforma, y que el contenido del proyecto es limitado, porque sólo atiende aspectos previsionales y no otras áreas de la seguridad social.
El proyecto fue rechazado también por la central sindical PIT-CNT.
El 15 de noviembre último miles de trabajadores respondieron a la convocatoria de la central única sindical de Uruguay, que llamó a una manifestación frente al Congreso como cierre de un paro general de cuatro horas en rechazo a la iniciativa.
Bajo la consigna “Que no te roben el futuro”, PIT-CNT marchó desde la explanada de la Universidad de la República hasta el Palacio Legislativo, donde el titular de la central obrera, Marcelo Abdala, rechazó la iniciativa que ofrece “jubilarnos más tarde, trabajar más y cobrar menos”.
“Este proyecto es Robin Hood al revés, es el modelo de la desigualdad, es sacarle al de abajo para darle al de arriba. No cambia en absolutamente nada la financiación; parten de la base de un presunto déficit en la seguridad social, pero no tocan la financiación, porque no están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, que es gravar directamente a la riqueza de este país”, criticó Abdala.
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