Desde el reinicio en 2006 de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado fueron condenadas 1117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente. Los números surgen del Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, que releva diferentes variables relacionadas a las personas imputadas, a las causas judiciales y a los tiempos que insumen las diferentes etapas del proceso, y las compara en perspectiva. “Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento", indica.
De acuerdo con el análisis de la PCCH, los datos del año en curso revelan que el tiempo de tramitación de las causas en la etapa de instrucción se mantiene estable, mientras que en la etapa de juicio ha disminuido levemente, reflejado en un aumento total de sentencias dictadas con respecto al año anterior (21 contra 20). “Las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, sostiene. Por otro lado, pone de relieve que, en relación con las personas juzgadas, se observa que continúa la tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016.
Los datos incluidos en el informe fueron producidos por la PCCH a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país. El informe está actualizado al 5 de diciembre de 2022 y se refiere exclusivamente a causas penales en las que se registre, al menos, una persona requerida para su investigación por el Ministerio Público Fiscal.
Del universo total de personas bajo investigación, son 1506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% se encuentra con arresto domiciliario. El 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico.
El estado del proceso en 2022
Actualmente hay 643 causas en trámite en las que son investigadas -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3640 personas.
Durante 2022 tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias con el siguiente detalle: 4 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las causas Vesubio III, Chavanne-Grassi, Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y Comisaría de Ramos Mejía), 1 en Concepción del Uruguay, 1 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en La Plata, 1 en Paraná, 1 en Resistencia, 2 en Santa Fe (causas Brusa residual II y Martínez), 1 en San Rafael, 3 en San Martín (causas Campo de Mayo-Vuelos, mega causa Campo de Mayo y La Pastoril), 1 en San Juan, 2 en Salta (causas Yazlle y Medina Ortiz) y 1 en Rosario.
Durante 2022, y hasta el cierre del informe, se iniciaron 18 juicios orales, de los cuales 8 continúan con el debate en curso, y 10 obtuvieron sentencia.
Entretanto, existen 349 causas registradas en las que aún no se ha dictado sentencia y en las que el estado de la investigación se encuentra en distintas fases. La más avanzada corresponde a las 12 que se encontraban en juicio -incluye procesos iniciados antes de 2022- al cierre del informe en la etapa de debate oral o de plenario. En tanto, 275 se encuentran en instrucción y en 62 se encuentra dispuesta la elevación a juicio. De estas últimas, 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate para 2023 y 56 aún esperan fijación de juicio.
La PCCH señala que los datos muestran que por primera vez la etapa de instrucción “no constituye el mayor volumen de causas, representando el 43% del total", dado que "la etapa de sentencias pasó a tener el mayor volumen, registrando un 46% al cierre de este informe". Otro dato relevante que refiere el avance de los procesos es que el 10% de las 275 causas que tramitan en la instrucción ya se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, porcentaje superior al 7,5 registrado el año pasado.
En cuanto a las 294 causas en las que se ha dictado sentencia, un 62% de ellas posee alguna instancia recursiva pendiente (ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema) para al menos una de las personas sentenciadas en cada caso.
El 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual. Esos hechos tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones.
Personas investigadas
En 2022 se registraron 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas. "Esta cantidad de personas con sentencia desciende respecto de los datos registrados en diciembre de 2021 (74). Asimismo, sigue estando por debajo de los datos registrados desde el 2017 (234), año en el que comienza a descender el total de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad -por año- registrando en 2018 un total de 108, 95 en 2019 y 58 en 2020", evalúa la PCCH.
"Continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia", añade. Refiere que 482 se encuentran procesadas, 138 con falta de mérito y 93 sobreseídas. Unas 558 personas tienen pedido de indagatoria sin que esta se haya concretado.
Durante el año en curso fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En tanto, 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura.
Del universo total de personas bajo investigación, son 1506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% de estas últimas se encuentra con arresto domiciliario -modalidad que predomina desde el año 2016- y el 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico.
El 15% (108) se encuentra detenido en dependencias de los servicios penitenciarios Federal o provinciales. Unas 60 personas se encuentran detenidas en dependencias de fuerzas armadas o de seguridad, o en el Hospital Miltiar. De ellas, 53 lo hacen en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar -una sede castrense con custodia actual y permanente del Ejército- la PCCH no lo considera un establecimiento penitenciario.
Durante el año en curso fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En tanto, 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura.
Delitos sexuales
La PCCH señala que la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado forma parte de la política criminal del MPF y que, en tal sentido, se los considera delitos autónomos y se busca visibilizarlos y establecer responsabilidades. En efecto, por Resolución PGN 557/2012, del 14 de noviembre de ese año, se instruyó a las y los fiscales a adoptar las acciones necesarias para el juzgamiento de aquellos delitos.
Desde entonces, se explica en el informe, se ha registrado un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan esos delitos, que "han demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado". Sin embargo, desde 2013 a la actualidad no se ha superado el dictado de cinco sentencias con estas características por año.
Al cierre del informe estadístico, el 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual. Esos hechos tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones.
Las instancias recursivas
De las 294 sentencias dictadas 83 se encuentran firmes: 69 fueron mediante resoluciones dictadas por la Corte a raíz de la presentación de recursos extraordinarios; 11 ante la Cámara Federal de Casación por no haber sido recurridas en la instancia superior; y 3 dictadas por tribunales orales, por no haberse interpuesto recursos.
En este marco, 182 sentencias aún poseen alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia para al menos una de las personas sentenciadas.
De acuerdo con el relevamiento, el promedio de tiempo que insume llegar a un veredicto desde la elevación a juicio es de 2 años y 3 meses, mientras que es de 3 años entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema. De tal forma, actualmente es de 5 años y 3 meses el promedio de tiempo transcurrido entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo del máximo tribunal de aquellas causas que ya se encuentran firmes.
Actualmente es de 5 años y 3 meses el promedio de tiempo transcurrido entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo del máximo tribunal de aquellas causas que ya se encuentran firmes.
“Espiral recursivo”
En el análisis de las demoras en la etapa recursiva, la PCCH elaboró cuatro categorías para clasificar las decisiones adoptadas por la Cámara Federal de Casación en las 136 causas (la mayoría de ellas con más de un imputado).
Como resultado de ese análisis, señala que en un 43% (59) de las 136 causas resueltas la Cámara Federal de Casación ordenó el reenvío de la causa al tribunal oral. Eso, señala la Procuraduría, significa una disminución del 10% respecto del año pasado, cuando se registró un 53%.
La oficina especializada puso de relieve, también, que según la modalidad de resolución, el tiempo promedio de demora en la etapa recursiva varía sustancialmente. Las causas que aún no se encuentran firmes y que tienen al menos un reenvío ordenado por la Cámara Federal de Casación demoran siete años, mientras que las causas que ya se encuentran firmes y no tuvieron reenvío registran 4 años y 4 meses.
Este fenómeno caracterizado por el regreso de la causa a una instancia inferior para que se dicte un nuevo pronunciamiento que otra vez deba ser revisado fue conceptuado por la PCCH como "espiral recursivo". Esta particularidad fue advertida en los informes anuales de 2019 y 2020, y continúa hoy. "Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento", advierte.
En este contexto, de las 59 causas que la Cámara Federal de Casación reenvió al tribunal de origen una sola se encuentra firme.
Si el foco se pone en las personas y no en las causas, la estadística revela que son 335 las personas condenadas con al menos una sentencia firme y 33 las absueltas. Ambos universos representan respectivamente el 30% y el 20% del total en cada caso.
La PCCH observa que, del universo de condenados/as, 249 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme y en el caso de los/as absueltos/as fueron 24 (14%).
De acuerdo con el relevamiento, en la Corte Suprema actualmente existen al menos 55 recursos pendientes de resolución que involucran a 101 personas en 29 causas.
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