La actividad fue organizada por la PCCH y la universidad inglesa, y se llevó a cabo de forma presencial en el Salón Nelly Ortiz de la sede la Procuración General de la Nación de avenida de Mayo 760, en la ciudad de Buenos Aires. Contó con la participación remota e intervención de investigadores y funcionarios y funcionarias a través de la aplicación Zoom.
Tras la apertura, un primer panel llevado a cabo en la mañana abordó los avances en la judicialización de los delitos del Plan Cóndor en Argentina, Chile y Uruguay. Durante la tarde, en el segundo panel, fue lanzado el nuevo sitio web.
El procurador Casal abrió la jornada. Repasó las dictaduras del Cono Sur en la segunda mitad del siglo XX, caracterizadas por gobiernos "de tipo dictatorial y autoritario" y por "la instalación de políticas represivas, ejecutadas de modo sistemático y que perjudicaron a miles de personas, atravesadas por la ideología de la doctrina de seguridad nacional". Añadió que en ese contexto fue planificada la Operación Cóndor, que "les permitió coordinar la represión a nivel internacional. Se cometieron así delitos con patrones similares, que incluyeron secuestros, detenciones ilegales, homicidios, y apropiación de niños y niñas".
El jefe de los y las fiscales destacó que el proceso de judicialización de estos delitos en la Argentina fue posible gracias a la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y en particular a partir de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Arancibia Clavel" y "Simón". Recordó que la primera sentencia que reconoció la existencia de la Operación Cóndor como una asociación ilícita transnacional fue dictada en 2016 por el Tribunal Oral Federal N°1 porteño, luego de un proceso de 17 años de extensión.
En ese punto, Casal recordó que la investigación de los crímenes de la Operación Cóndor se encuentra en la agenda permanente de las reuniones de los Ministerios Públicos del Mercosur y estados asociados.
"La diferencia que tenemos nosotros con los delincuentes brutales es la sensibilidad. Por eso les hago un reconocimiento a los colegas que hace tiempo trabajan en esto", dijo el procurador Casal.
El procurador destacó el trabajo de la PCCH y de los equipos del MPF, además de las tareas que realizan investigadores de diferentes disciplinas al respecto. Puntualizó que "son procesos largos, muy trabajosos. La diferencia que tenemos nosotros con los delincuentes brutales es la sensibilidad. Por eso les hago un reconocimiento a los colegas que hace tiempo trabajan en esto". Finalmente recordó que, cuando era joven y estudiaba el juicio a los criminales nazis en Nüremberg, el jurista Guillermo Ouviña -padre del fiscal general Pablo Ouviña, quien interviene en los juicios de las causas relacionadas a la Operación Cóndor- dijo que "si el sistema penal no sirve para perseguir los crímenes más grandes y atroces, carece de sentido".
La fiscal María Ángeles Ramos caracterizó el taller como "una gran oportunidad para seguir manteniendo en agenda de debate, estudio y profundización estos temas que atraviesan la realidad histórica que tuvimos que vivir los países que integramos el Mercosur". Destacó el "gran hito" que significó la sentencia de 2016 dictada por el TOF N°1 porteño, que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Agregó que ese proceso "permitió verificar, demostrar, desde el punto de vista jurídico, histórico y documental, cómo ocurrió esta planificación en el actuar coordinado por las agencias de inteligencia que utilizaron sus métodos con propósitos ilegales de tortura, homicidios, desaparición forzada y apropiación de niños y niñas en el Cono Sur".
Ramos remarcó que más allá de aquél avance judicial, "el proceso todavía está en plena etapa de investigación" y destacó que el taller "permitirá pensar estrategias de actuación". En ese punto, hizo referencia a unos de los escollos que afrontan estos procesos, que estuvo presente en los paneles posteriores: "el paso del tiempo y la impunidad". Por tal motivo, puso de relieve la necesidad de procurar el abordaje de los casos "de modo integral", tal como -explicó- lo ordenó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Familia Julien Grisonas vs. Argentina", al condenar al Estado Argentino por no investigar los delitos sufridos por los hijos menores del matrimonio compuesto por Victoria Grisonas y Mario Roger Julién Cáceres, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay que se encontraban exiliados en la Argentina, cuando fueron desaparecida y asesinado, respectivamente.
Ramos caracterizó el taller como "una gran oportunidad para seguir manteniendo en agenda de debate, estudio y profundización estos temas que atraviesan la realidad histórica que tuvimos que vivir los países que integramos el Mercosur".
En relación con el trabajo en ciernes, la titular de la procuraduría especializada refirió que actualmente esa oficina colabora con el análisis de los archivos de inteligencia desclasificados por Estados Unidos para facilitar el material a fiscales de la región y a la fiscal federal Paloma Ochoa, que interviene en la investigación que se está llevando a cabo en el fuero federal porteño sobre la Operación Cóndor.
En tanto, la representante de la Universidad de Oxford, Francesca Lessa, celebró la realización de este segundo taller regional y recordó el primero, realizado en 2018. Remarcó que aquella universidad decidió en 2015 financiar la investigación y el intercambio en torno a los crímenes de la Operación Condor. "Es importante tener estos espacios para que distintos actores tengan un dialogo abierto sobre estos crímenes, para aclarar los hechos y juzgar a las personas responsables", señaló. Y agregó: "Estamos casi contrarreloj en esta situación marcada por la impunidad biológica, dado que las personas responsables como las víctimas están falleciendo. Estas actividades permiten realizar diagnósticos y pensar juntos los desafíos y desarrollar estrategias".
Posteriormente, se llevó a cabo el panel "Avances en la judicialización de los delitos de Plan Cóndor", en el cual expusieron el fiscal general Pablo Ouviña, titular de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, que interviene en los juicios relacionados a la Operación Cóndor; Magdalena Garces y Kharinna Fernandez, abogadas querellantes en la causa que tramita en Chile e integrantes del espacio de memorias Londres 38; y Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay.
Por la tarde, fue lanzada la nueva web plancondor.org y presentado un informe estadístico actualizado de la Base de datos sobre violaciones transnacionales de derechos Humanos en América del Sur (1969-1981), en el marco de un panel que integraron Mariana Risso y Rodrigo Barbano, de Sitios de Memoria Uruguay; Francesca Lessa, por la Universidad de Oxford; y Lorena Balardini, por la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, fueron proyectadas producciones audivisuales vinculadas a la temática.
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