En la reinstalación de dicha mesa, la dirigencia indígena no llegó con los mejores ánimos porque el 27 de septiembre no hubo respuesta favorable del Gobierno al planteamiento sobre la “reparación para todas las personas víctimas de la violencia y represión estatal de 2019 y 2022”, según publicó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
“Es necesario crear ese fondo. En las movilizaciones (…) cayeron ocho luchadores sociales, este fondo debe servir para aquellas personas”, dijo Samuel Lema, dirigente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), al referirse a los familiares de los fallecidos y otros perjudicados.
Espera que la ayuda del Estado pueda darse a través de un bono, una vivienda o ayuda para estudios de menores de edad, que perdieron a su familiar.
“Esa es la petición, hoy (28 de septiembre) vamos a trabajar y esperamos tener buenos resultados”, acotó el dirigente de la Feine.
De igual forma, Luis Mullo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), señaló que no hay voluntad del Gobierno para atender los temas planteados en la mesa de Seguridad.
Las organizaciones buscan que el Ejecutivo reconozca que en las protestas de junio de 2022 hubo “un uso excesivo de la fuerza pública”.
Sin embargo, el 27 de septiembre el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, declaró en una rueda de prensa que no hay coincidencias sobre la creación del fondo. “Nos parece que no están las condiciones dadas para llevar a cabo ese fondo de reparación integral, el país pudo presenciar cómo se sucedieron los hechos durante esos 18 días. Por lo tanto, respecto a ese punto en particular no existe un consenso”.
Justificó que entrar en esa dinámica es complicado porque muchas personas perjudicadas, en diferentes estamentos de la sociedad, podrían solicitar con derecho un resarcimiento.
Según el Ministerio de Gobierno, los delegados coincidieron, en la reunión del 27, en el fortalecimiento de la entrega de servicios sociales gubernamentales en el marco de las movilizaciones sociales.
En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través del Gabinete Sectorial Social, brindará atenciones sociales con brigadas que evaluarán la situación y las condiciones de vida de las familias que lo requieran dadas sus condiciones y necesidades.
Informes de casos judicializados
Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), dijo que las instituciones competentes del Estado en esta mesa presentarán informes sobre las protestas en 30 días, para conocer el avance de esos procesos judiciales. “Esperamos culminar el día de hoy ya que no ha habido mayor respuesta del órgano judicial”, refirió.
Para Lema, esos informes deben ser entregados hasta el 11 de octubre, antes de que el 12 se cierre el proceso de diálogo. También lamentó que autoridades del Consejo de la Judicatura y de la Defensoría del Pueblo no asistieron a la mesa. También pide que la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, acuda al diálogo y no solo sus delegados. “Por eso hemos dicho, si ya no existen coincidencias, hoy podamos cerrar esta mesa”, agregó.
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