Se trata de la causa conocida como "Pibes villeros", en la que la dirigente social fue acusada de encabezar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas para defraudar al Estado, y por la que la Justicia jujeña había dictado una condena de 13 años de prisión.
Sala fue condenada a 13 años en primera instancia y la decisión fue confirmada luego por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal.
Por tratarse de un expediente con sentencia definitiva, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque sin plazos como en todas las causas que toma el alto tribunal.
La intervención de la Corte ha sido mayormente para rechazar los recursos presentados por la defensa de Sala que, según señaló a Télam el abogado jujeño, Luis Paz, fueron más de 30.
El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación judicial de Sala y al papel de la Corte en particular, el miércoles pasado, cuando decidió visitarla en Jujuy a raíz de su internación médica.
"A la Corte Suprema, que tiene tanta urgencia para tratar los temas que atañen a sus intereses, como el Consejo de la Magistratura o los jueces de la Cámara Federal, les pido que impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva", pidió Fernández.
El Presidente no fue el único preocupado por la situación de Sala: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el miércoles pasado información sobre la situación legal de la dirigente y su estado de salud, y concedió al Estado Nacional un plazo hasta el 13 de julio de este año para que "remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria".
La Comisión Interamericana, instancia previa a la Corte Interamericana, otorgó en 2017 medidas cautelares a favor de Sala ante elementos que hacían presuponer que no se respetaban los derechos a defensa de la referente social.
"La Comisión encontró que las autoridades judiciales de Jujuy tomaron decisiones que se distancian del cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y que, por el contrario, agravan la situación de riesgo de la beneficiaria", explicó el organismo supranacional.
A este respecto, el jueves pasado, el equipo de abogados de Sala emitió un "comunicado urgente" en el que denunció otra iniciativa arbitraria de la justicia jujeña.
"Hace una hora, una persona del servicio penitenciario jujeño entró, sin anunciarse, a la Clínica Los Lapachos, donde está alojada Milagro Sala, y le entregó una cédula de notificación en la que el juez de ejecución establece que tiene que cumplir una condena hasta el 21 de junio de 2024", señalaron los letrados.
Inmediatamente agregaron que "se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación".
Los abogados recordaron que ese sentencia, que pretenden que Sala vuelva a cumplir, "se encuentra en revisión ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos".
Para la defensa de la dirigente, la notificación no tiene "sentido legal alguno, por lo que, evidentemente, es solo una forma de hostigar y atormentar a Sala en un contexto crítico para su salud, en el que está aislada de todo estimulo que pueda perturbarla".
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