El escrito, de 21 páginas, es firmado por Daniel Foschiatti, vicepresidente de Vicentin a cargo de la presidencia, y el abogado y dirigente radical Ricardo Gil Lavedra como apoderado de la empresa, y fue dirigido al presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez.
El texto solicita en primer término "un recurso de revocatoria contra el decreto de Presidencia de fecha 16 de junio de 2022 en cuanto admite sustanciar un pedido de avocación y ordena la suspensión de los plazos del proceso concursal y solicita la remisión del expediente".
"No hay norma legal alguna que autorice a vuestra excelencia a sustraer el expediente de la instancia que le es propia y, de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social", añade el texto, que solicita que el expediente vuelva al despacho del juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.
Para Vicentin, el decreto de la Corte que solicita el avocamiento contendría "groseras fallas" y reseña todo lo ocurrido desde el 5 de marzo de 2020, cuando "Vicentín SAIC pidió su concurso preventivo, el que fue abierto por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista".
En ese sentido, indica que "en fecha 30 de junio de 2022 nuestra empresa debe presentar las conformidades para su eventual homologación", y se queja porque "en plena gestión para conseguirlas, tomamos conocimiento por noticias periodísticas de un pedido de avocación que se habría presentado por un acreedor ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe".
Según Vicentin, "la presentación que efectuó un acreedor del concurso disconforme con la propuesta, Commodities SA, intenta involucrar a VE (Gutiérrez) en un verdadero dislate".
"Estamos frente a un proceso concursal rodeado de todas las garantías necesarias para ser llevado adelante. Hay un tribunal interviniente que actúa en ejercicio de todas sus facultades, sindicaturas, interventor, y acreedores con asistencia jurídica suficiente para velar por sus intereses", agrega el escrito.
Para Vicentin, la presidencia de la Corte "carece de toda facultad constitucional y legal para inmiscuirse en un asunto que tramita pacíficamente en un tribunal de la provincia", y señala que "pretender hacerlo constituiría un acto de gravedad institucional inusitado, pues significaría un acto contrario a la Constitución y a la ley que acarrearía consecuencias económicas y sociales gravísimas".
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