La dirigente rechazó las acusaciones de la Fiscalía y atribuyó todo el caso a un interés del Gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre.
A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales, el Ministerio Público (Fiscalía) informó que "la autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y remitió la causa a juicio", durante una audiencia inicial celebrada en las instalaciones de la cárcel El Chipote, en la que no se anunció la fecha de inicio del juicio.
Chamorro, de 67 años, está con arresto domiciliario desde el 2 de junio, cuando la fiscalía inició una investigación por lavado de bienes y activos que se habría cometido desde la fundación que lleva el nombre de su madre, la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro.
La ONG, que cerró en febrero, es un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa, durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro, según la agencia de noticias AFP.
La detención ocurrió cuando Chamorro se ubicaba como la favorita de la oposición para competirle al presidente Daniel Ortega la Presidencia en las urnas.
La dirigente rechazó las acusaciones de la Fiscalía y atribuyó todo el caso a un interés del Gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre.
Su detención fue de las primeras de otra treintena de dirigentes opositores –otros 6 de ellos con alguna aspiración presidencial-, la mayoría acusados de violar una polémica Ley de Soberanía, que castiga a los responsables de "incitar la intervención extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con fondos externos para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".
En medio de este clima de críticas internas y externas, varios nicaragüenses radicados en el exterior comenzaron este jueves a presentar, en consulados y embajadas, impugnaciones a las candidaturas a presidente y vice de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, y hasta reclamaron una reunión de cancilleres para declarar nulos los comicios del 7 de noviembre.
Irlanda Jérez, una de las referentes de grupos opositores derechistas en el exterior, consideró “un derecho impugnar a los candidatos si no cumple requisitos”, y juzgó a Ortega “ilegítimo de origen, de ejercicio e ilegítimo en funciones por los crímenes cometidos".
Para Jérez, el mandatario y su esposa y vice "usurpan el poder, en base a la ilegitimidad con la que violentan derechos humanos y en base a la falta de libertades, justicia, democracia y condiciones para un proceso democrático libre, justo y transparente”.
Desde este jueves y hasta el sábado rige el periodo de impugnaciones para los comicios de noviembre.
Las presentaciones en el extranjero, según el sitio 100Noticias, advierten sobre “graves violaciones a derechos humanos, falta de libertades, tortura, secuestros, desapariciones forzosas y la existencia de más de 150 presos políticos secuestrados injustamente” para argumentar el cuestionamiento a la fórmula oficialista.
Otro de los argumentos para las impugnaciones es que el oficialismo utiliza Unida Nicaragua Triunfa como nombre de la coalición, cuando el nombre del país no puede, por ley, ser usada en una fuerza electoral.
Los demandantes aclararon que no esperan “una respuesta apegada a derecho”.
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