Los cadáveres de 30 detenidos en la Superintendencia de Seguridad Federal fueron dinamitados en un descampado de Pilar
Los hechos, pese a las denuncias, no pudieron ser investigados por la Justicia en los primeros años de la democracia, ya que comprometían a parte de la estructura policial-judicial, que seguía intacta.
Sólo después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y de la nulidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem, se abrió el camino para que la Justicia investigara la masacre.
Los hechos
En la madrugada del 20 de agosto de 1976 una explosión despertó a la localidad de Fátima y se convirtió en una de las más siniestras escenas que dejó el terrorismo de Estado. En un radio de unos cien metros se encontraron esparcidos restos de veinte hombres y diez mujeres -en su mayoría referentes sindicales de la zona norte de Buenos Aires- que permanecían desaparecidos y estaban cautivos ilegalmente en la Superintendencia de Seguridad Federal, a pocos metros del Departamento Central de la Policía Federal.
Estos detenidos habían sido trasladados desde la SSF hasta el kilómetro 62 de la ruta 8, en Fátima. Fueron conducidos unos metros por un callejón y allí efectivos del Ejército y la Policía Federal les dispararon con armas de fuego. Luego, los verdugos apilaron los cuerpos e hicieron detonar un artefacto explosivo que esparció restos humanos en un radio de 100 metros.
Según testimonios ofrecidos en 1984 a la Conadep, a la hora de encontrar los cuerpos, éstos estaban atados y vendados.
La Triple A, aumentada
Desde 1975, en la sede de Coordinación Federal, ubicada en Moreno 1417 de la Capital Federal, se estableció el Grupo de Tareas 2 (GT2)
La Superintendencia fue uno de los once centros clandestinos de detención que funcionaron bajo las órdenes directas del Cuerpo I del Ejército, a cargo del hoy extinto genocida Guillermo Suárez Mason.
En cada piso del edificio se estableció una función específica en el contexto del terrorismo de Estado.
En el noveno funcionaba el Departamento de Extranjeros que se ocupaba de la represión a exiliados de países limítrofes y fue el embrión de lo que posteriormente se conoció como Plan Cóndor. En tanto que en el tercer piso estaba destinado al alojamiento de los detenidos, que eran ingresados en celdas de 2x1, también conocidas como "tubos".
El grado de ensañamiento en la tortura a detenidos era tal que, según testimonios, los mismos prisioneros enviaban mensajes a sus organizaciones para que hicieran volar el edificio, algo que casi se concreta el 2 de julio de 1976, cuando una bomba derrumbó el techo del comedor de la SSF. Se cree que la Masacre de Fátima fue una de las represalias de la Policía Federal por aquél atentado reconocido por la OPM Montoneros y que costó la vida a 22 oficiales y suboficiales de la fuerza policial.
También se evaluó en su momento la hipótesis de que Fátima haya sido una represalia por el asesinato, el 18 de agosto, del general Omar Actis, a cargo del Ente Autárquico Mundial 78. Pero investigaciones posteriores fortalecieron la sospecha de que hubo intereses de la Armada detrás de ese crimen político que se intentó adjudicar a Montoneros.
La versión oficial dada por la Junta Militar, después de que los obreros de un horno de ladrillos cercano encontraran los cuerpos, fue que había sido un "hecho vandálico sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad".
Las víctimas
En un primer momento, sólo se logró identificar a cinco víctimas, pero en base a los "Juicios de la Verdad" que se llevaron a cabo a fines de los años '90, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) obtuvo información que permitió establecer las identidades de otros asesinados.
Los nombres de las víctimas son: Inés Nocetti, Roberto Héctor Olivestre, Ramón Lorenzo Velez, Enrique Jorge Aggio, Ángel Osvaldo Leiva, María Rosa Lincon, Alberto Evaristo Comas, Oscar Eladio Ledesma Medina, Conrado Alzogaray, Jorge Daniel Argente, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera, José Daniel Bronzel, Cecilia Podolsky de Bronzel, Susana E. Pedrini de Bronzel, Haydée Cirullo de Carnaghi, Carmen María Carnaghi, Juan Carlos Pasquarosa, José Jacinto Pasquarosa, Ernesto María Saravia Acuña, Norma Susana Frontini, Selma Julia Ocampo, Horacio O. García Gastelú y Marta Alicia Spagnoli de Vera.
Ledesma Medina, un trabajador de 20 años de nacionalidad paraguaya, fue hasta el momento la última víctima en ser identificada por el EAAF en mayo de 2019, y aún quedan cinco cuerpos sepultados como NN.
Gallone, el verdugo arrepentido
En octubre de 1982, cerca del final de la última dictadura, Gallone se coló con uniforme de policía en una de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo y se dejó fotografiar abrazando a una de ellas, en una imagen que tuvo amplia difusión.
Con el tiempo se supo que el represor, fallecido en mayo pasado, se acercó a las Madres con el propósito de establecer que existía "un clima de reconciliación" entre los organismos de derechos humanos y el régimen militar, que ya se encontraba en franca retirada. Arrepentido o no, Gallone fue juzgado y condenado en la causa “Masacre de Fátima”. No murió impune.
Publicar un comentario