El millar de muertos registrado en Myanmar tras el derrocamiento en febrero del Gobierno de la líder de facto, Aung San Suu Kyi, constituye una nueva señal de alarma sobre la situación que vive ese país del sudeste asiático, investigado por el genocidio de la minoría musulmana rohingya.
La cifra de 1.001 de muertos fue difundida esta semana por la Asociación para la Asistencia a Presos Políticos (AAPP), una organización de derechos humanos con sede en Tailandia.
Después del golpe militar, Suu Kyi, de 76 años, Premio Nobel de Paz en 1991 y ex Consejera de Estado, permanece en prisión domiciliaria, mientras afronta un juicio por sedición, entre otras causas.
También continúa arrestado el expresidente Win Myint, junto a otros miembros del otrora gobernante partido de la Liga Nacional por la Democracia (LND).
Si bien los militares justificaron el levantamiento del primero de febrero, bajo la excusa de que hubo un "fraude electoral", estas denuncias fueron rechazadas por el secretario general de la ONU, António Guterres.
El primero de agosto, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y líder del golpe de Estado, Min Aun Hlaing, reiteró en un discurso su promesa de realizar elecciones en 2023.
Hlaing, según informes estatales citados por la prensa, asumió el rol de primer ministro, en un Gobierno provisional recién formado. Entre 1962 y 2011, la antigua Birmania estuvo gobernada por los militares.
Tras el golpe contra Suu Kyi se desató una brutal represión contra las protestas en distintas ciudades en favor de la democracia en Myanmar, aliado en la región de China, cuyas inversiones representan el 25% del total de los ingresos extranjeros, informó el diario El País de España.
En respuesta a la violencia castrense surgieron milicias armadas étnicas en varias zonas rurales y pueblos pequeños de la ex Birmania, llamadas "Fuerzas de defensa del pueblo", según informes de la cadena británica BBC.
Myanmar, un país de 54 millones de habitantes, posee alrededor de 135 grupos étnicos, entre los cuales los budistas bamar constituyen el grupo más numeroso, con dos tercios de la población del país.
Según el codirector de AAPP, Ko Bo Gyi, la cantidad de un millar de muertos probablemente sea mucho mayor.
Y a esta situación se suman, además, miles de personas que han sido arrestadas durante las protestas contra las fuerzas armadas de Myanmar, llamadas "Tatmadaw" por su nombre oficial.
La relación con China
El director del Programa Ejecutivo sobre China contemporánea de la Universidad Católica Argentina (UCA), Jorge E. Malena, explicó a Télam que "Beijing, sin embargo, ha mantenido reserva y no ha expresado ningún comentario negativo".
Malena opinó que la relación entre ambos países "ha sido fluida en los últimos años, ya que China ha invertido en diversos proyectos de infraestructura bajo la iniciativa económica conocida como ´La Franja y la Ruta´", para potenciar los vínculos con el resto del mundo, bajo el espíritu de la antigua "Ruta de la seda".
"La proximidad geográfica de los dos países incorpora consideraciones de seguridad entre los factores de cálculo estratégico del Gobierno chino. Por ello, el interés en mantener las alianzas políticas y económicas con Myanmar ante una situación incierta e inesperada habría hecho que Beijing evite adoptar una postura crítica", señaló.
El analista resaltó que "la donación de vacunas contra la Covid-19, prometida durante el anterior gobierno de la Liga Nacional por la Democracia, evidencia aún más la actitud benévola de China hacia el Tatmadaw".
"El apoyo de China (junto con el de Rusia) en materia económica e internacional es invaluable para Myanmar, especialmente a raíz de la condena al golpe de muchas potencias mundiales", señaló.
Durante años, los principales países de Occidente consideraron a la líder Suu Kyi como uno de sus iconos políticos internacionales. Pero su imagen comenzó a deslucirse a raíz del genocidio de los rohingyas.
El 25 de agosto de 2017, el ejército birmano lanzó una ola de ataques violentos contra dicha comunidad que incluyeron asesinatos, torturas, violaciones contra mujeres y niños y la quema de viviendas.
Según los militares, se trató de una operación en respuesta a una serie de agresiones de un grupo rebelde rohingya en la región de Rakhine, en el oeste de Myanmar.
"Los crímenes cometidos en el estado de Rakhine, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio en otros contextos", dijo un informe de la ONU a fines de agosto de 2018.
Muchas de las personas que sobrevivieron a la represión se refugiaron en la vecina Bangladesh.
El 4 de agosto, la ONU dijo que con la decisión del Gobierno militar de extender por dos años más el estado de emergencia, Myanmar "se aleja aún más de la democracia".
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