Se trata de personas que habría ejecutado el Ejército desde noviembre de 2007 a noviembre de 2008, cuando ya estaba en marcha una directiva del Comando de las Fuerzas Militares que dejó de priorizar las bajas en combate, para privilegiar la desmovilización y las capturas de guerrilleros.
La Fiscalía General asegura tener pruebas de que esas ejecuciones extrajudiciales, que la prensa llama "falsos positivos", siguieron existiendo y que Montoya incentivó la política de premios -ascensos, francos, vacaciones- por resultados operacionales, es decir, guerrilleros muertos.
"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados ´falsos positivos´", dijo a la revista Semana el fiscal general Francisco Barbosa.
Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes ocurridos durante el conflicto interno armado y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.
Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un "body count" o conteo premiado de cuerpos de supuestos guerrilleros.
La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos de paz con las ex FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.
Varios subordinados de Montoya admitieron ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de beneficios.
La Fiscalía pedirá audiencia la próxima semana y le imputará al ex comandante militar el delito de homicidio agravado.
Por más que Montoya se haya acogido a la JEP en 2018, la ley estatutaria le permite a la Fiscalía mantener la competencia de los casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1 de diciembre de 2016 que involucran a comparecientes forzosos de esa justicia especial, sean integrantes de las Fuerzas Militares o de las antiguas FARC.
En dos mensajes en su Twitter, el titular para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró a la decisión de la Fiscalía "un paso importante para el derecho a la verdad de las víctimas".
Aún así, consideró "una lástima que esta decisión recién ocurra ahora", cuando "la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica". "Durante años, HRW ha publicado varios informes que demuestran que la Fiscalía contaba con evidencias contra Montoya", remarcó.
Finalmente, el abogado de Montoya, Andrés Garzón, aseguró que la Fiscalía no puede citarlo a imputación de cargos.
"El señor fiscal no puede derogar en ningún momento ni el acto legislativo que reglamenta el Acuerdo de Paz que le da competencia prevalente a la Justicia Especial para la Paz y tampoco puede desconocer la Ley Estatuaria que estipula que la Fiscalía no puede citar a diligencias judiciales que impliquen la afectación de derechos para quien están sometidos a la JEP", señaló, según el sitio del diario El Tiempo.
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