La presentación fue realizada en un acto en el Congreso y pide abrir un juicio político contra Bolsonaro al jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano al presidente.
Ex aliados del mandatario como la nueva derecha liberal paulista de los legisladores Kim Kataguiri y Joyce Hasselman se sumaron a la solicitud.
“Queremos un país con decencia y que enfrente la pandemia”, dijo Hasselman, del Partido Social Liberal, el mismo por el cual Bolsonaro llegó al poder en 2018.
El “superpedido” resume los 123 reclamos de impeachment desde que asumió el presidente e incluye delitos como genocidio sanitario, homofobia, racismo y los dos últimos escándalos de corrupción.
Los partidos que firmaron fueron el Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y todos los del arco de izquierda, centroizquierda y algunos dirigentes de derecha, como el Alexandre Frota, del Partido de la Social Democracia Brasileña.
Esta semana, Lira había dicho que no existe “clima” para recibir un pedido de juicio político.
El reclamo tendrá como apoyo una movilización de la oposición, la tercera en poco más de 35 días, convocada para el próximo sábado en todo el país.
En caso de que se acepte el pedido de impeachment, el Congreso necesita dos tercios de los votos para sacar del poder a un presidente.
Brasil vivió dos juicios políticos de destitución desde el regreso de la democracia: la renuncia de Fernando Collor de Mello en 1991 y la condena contra Dilma Rousseff en 2016.
El último de los casos de corrupción que golpea a Bolsonaro llevó este miércoles al despido de un director del Ministerio de Salud, acusado por un intermediario de vacunas AstraZeneca de pedir un soborno de un dólar por cada dosis adquirida.
Se trata del director de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Dias, quien fue acusado de pedir la coima por parte del representante de la empresa estadounidense Davati Medical Supply en Brasil, Luiz Dominguetti.
La denuncia, que fue consignada por Dominguetti al diario Folha de Sao Paulo y publicada en la tapa de ese medio, se suma así a otra sobre sobrefacturación de un contrato para comprar vacunas indias Covaxin.
Los escándalos están vinculados a figuras relacionadas con el exministro de Salud de Michel Temer, el diputado Ricardo Barros, que tiene el cargo de líder del Gobierno en la Cámara de Diputados y es del Partido Progresista (PP), la fuerza que le otorga la mayoría a Bolsonaro y que está frenando, por ahora, los pedidos de juicio político.
Según Dominguetti, Dias, quien entró a inicios de 2019 al Ministerio de Salud con la llegada de Bolsonaro, le dijo que el “peaje” que había que pagar para poder cerrar un contrato era de un dólar por cada dosis.
El episodio es del 25 de febrero, justamente en medio de un cambio de postura del bolsonarismo, que dejó de repudiar los inmunizantes contra el coronavirus cuando el país entraba en una letal segunda ola agravada por la cepa de Manaos, la variante que ahora se conoce como Gamma.
Barros fue intendente de Maringá, estado Paraná, cercano a la frontera con Misiones, y fue tesorero del PP, un partido conservador que es oficialista de todos los gobiernos desde 1994.
El PP es el partido más involucrado en la Lava Jato y es el corazón del “Centrao”, el bloque que protege desde junio de 2020 a Bolsonaro, quien le entregó parte del gabinete y de la iniciativa política.
En 2016, Barros pidió a Dilma Rousseff el Ministerio de Salud para que el PP la defienda del juicio político, pero ante esta negativa, se lo ofreció a Temer, quien cuando cayó la presidenta le cedió el mando en la cartera sanitaria, un poder que continúa en la gestión de Bolsonaro.
El representante de Davati que hizo la denuncia será convocado ante la comisión del Senado que investiga las omisiones del Gobierno en la pandemia para el viernes.
El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, recibió una denuncia para investigar a Bolsonaro por prevaricato por haber sido anoticiado el 20 de marzo por el diputado Luiz Miranda del fraude de sobreprecios de Covaxin y no realizar la denuncia ante la Policía Federal.
El pedido de coima denunciado en este segundo episodio por parte de la intermediadora Davati sobre AstraZeneca fue realizado durante una cena en un restaurante de un shopping de Brasilia.
“Dias me dijo que sólo podía venderle vacunas al Ministerio apenas de esa forma, pagando un dólar por vacuna”, afirmó.
El ofrecimiento de coima está sustentado también en correos electrónicos que indican que el funcionario despedido pedía a la estructura del Ministerio de Salud acelerar el proceso de compra.
Brasil administra la vacuna anglo-sueca AstraZeneca pero por un acuerdo directo para producirla en su laboratorio Fiocruz, no por intermediarios que se acercaron al Ministerio de Salud.
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