Ex miembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) que intervinieron los comicios presidenciales de octubre de 2019, en los que Evo Morales se impuso en primera vuelta, señalaron que iniciarán “un proceso (judicial) contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para que se reparen los daños causados con la auditoría que anuló las elecciones de octubre de 2019”.
Así lo manifestaron el exvicepresidente del Tribunal, Antonio Costas y el exvocal del mismo organismo, Idelfonso Mamani, tras saberse que elestudio del grupo en Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes y Tecnología Educativa (Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, tradicional casa de estudios española, certificó que no hubo fraude electoral en dichos comicios.
Con los resultados del informe, el Ministerio Público boliviano comenzó el proceso de cierre de las acusaciones de fraude electoral por la que los siete miembros del TSE llegaron a estar detenidos.
Con anterioridad, ya se habían comenzado a cerrar las causas iniciadas contra 45 vocales electorales departamentales. De todos ellos, 31 estuvieron en prisión.
Algunos de los detenidos fueron incluso presentados engrillados y como delincuentes frente a los medios de comunicación. Y la mayoría estuvo en prisión durante más de un año.
Mientras que el ex vocal Mamani, al referirse a las perspectivas futuras en este caso, afirmó al diario boliviano La Razón: “Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes, que hicieron que se abra este proceso (de movilizaciones y pronunciamientos de FFAA, que concluyó en un golpe de Estado) sin tener ningún elemento material, sean sancionados."
"Buscaremos, por lo menos, Justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo, mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas, que han sido indebidamente perseguidas” cerró Mamani.
En círculos gubernamentales trascendió que se está evaluando denunciar a Almagro y al equipo de auditoría electoral de la OEA que intervino en Bolivia en el año 2019 ante el Tribunal de La Haya por complicidad con crímenes de lesa humanidad.
Según el actual gobierno de Bolivia, aquel informe de la OEA, que se dio a conocer tres días antes del plazo estipulado y de manera pública, cuando lo que se estila es que sea el Ejecutivo quien primero lo evalúe, podría ser caracterizado como el detonante del golpe y de las posteriores masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata.
Informe de Salamanca
La Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia difundió el estudio técnico de la Universidad de Salamanca, que en una de sus definiciones más importantes concluyó: “Se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”.
El trabajo fue encargado por el Ministerio Público boliviano en abril de 2021 al grupo de Investigación Deep Tech Lab (grupo Bisite) de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Los contratantes manifestaron que hubo varios ofertantes para la realización del trabajo.
El comunicado de la Fiscalía General, al informar sobre el resultado del análisis, manifestó: “La pericia de seguridad informática y administración de redes que se realizó sobre la integridad electoral de las elecciones generales en Bolivia en 2019 detectó deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial, y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.
En otras palabras: fallas hubo, pero no dolo, es decir no hubo intención manifiesta ni fraude.
La oposición no se resigna
Tras difundirse la pericia de la Universidad de Salamanca, el gobernador del departamento de Santa Cruz y uno de los líderes de la movilización que en 2019 acabó con el gobierno de Evo, Luis Fernando Camacho, señaló: “En las próximas horas, vamos a recurrir a todas las vías legales para evitar que se cierre el proceso que evidencia el monumental fraude que cometió Evo Morales, y si la Justicia sometida sigue encubriendo el fraude masista, recurriremos a todas las instancias internacionales, porque no vamos a permitir que el MAS se burle de los bolivianos y de nuestra democracia”.
Y luego agregó: “Fue el propio Evo Morales que pidió la auditoría vinculante a la OEA y ese informe identifica más de 70 irregularidades, que no se han tomado en cuenta, y también fue Evo Morales quien anuló esas elecciones y convocó a unas nuevas, porque era evidente todas las irregularidades que existía (sic)”.
Sobre las próximas acciones del departamento de Santa Cruz, el exlíder de los Comités Cívicos añadió: “(Ahora) el Gobierno (por la administración de Luis Arce, a la que atribuye injerencia sobre la Fiscalía) encargó una pericia a la Universidad de Salamanca y ese informe también dice expresamente que hubo un manejo negligente del sistema y que hubo usuarios no identificados que tuvieron acceso al sistema de conteo de votos. Por tanto, la autoridad departamental (por el gobierno opositor del oriente boliviano) cree que esos ‘usuarios no identificados’ pudieron modificar datos y borrar evidencias”.
Sin embargo, el informe de la Universidad de Salamanca, de 213 páginas, reafirmó de modo contundente que no existe prueba alguna de manipulación de los votos que haya afectado los resultados electorales, ni de dolo.
Con este escenario, Camacho y el otro dirigente de la oposición, el ex candidato presidencial Carlos Mesa, podrían ser acusados por difamación y calumnia ante la Justicia boliviana.
En paralelo, el exvicepresidente del TSE planteó a la prensa boliviana que el grupo de verificación electoral de la OEA metió al país en un “monumental problema” en octubre de 2019, e insistió en que en algún momento habrá que pedir cuentas a quienes integraron las misiones de observación y de “auditoría” del órgano hemisférico que encabeza el uruguayo Almagro.
Costas, ex vice de la autoridad electoral, ingeniero informático de profesión, cuestionó también a la empresa Ethical Hacking Consultores (EHC). Y acusó a dicha empresa de tener un comportamiento dual, por lo que llegó a calificarla como un “caballo de Troya”.
Ethical Hacking estaba encargada de auditar el sistema en las elecciones presidenciales de 2019. El 28 de octubre de ese año, el CEO de esa compañía, Álvaro Andrade Sejas, señaló que “ejecutado el protocolo de revisión y validación de integridad, junto con el desarrollador de Neotec (empresa a cargo de la supervisión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, o TREP, el escrutinio provisorio), la presencia de DNTIC (Dirección Nacional de Tecnología y Comunicaciones) y nosotros, se verificó que no existió ningún tipo de alteración de datos, ni de ataque cibernético”.
En ese informe, el CEO de Ethical Hacking reconstruyó: “Se verificó que el problema fue causado por falta de comunicación por parte de la empresa Neotec, al saltarse el protocolo de comunicación para cambios en la infraestructura. Una vez terminado este protocolo, y después de exhaustivas revisiones y validaciones, se comunicó a sala plena que no existió ningún hackeo o alteración a la base de datos para que procedan a poner en línea el TREP nuevamente”.
Sin embargo, tiempo después Ethical Hacking cambió lo que había dicho y habló de anomalías. Con posterioridad, Andrade fue acusado de ser militante de Unidad Nacional, el partido del derechista Samuel Doria Medina.
El equipo que investigó
El equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca fue dirigido por Juan Manuel Corchado, quien tiene un doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial. Además, Corchado es catedrático en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Departamento de Informática y Automática de esa casa de estudios.
Su currículum menciona que fue vicerrector de investigación de 2013 a 2017 y director del parque científico de la universidad. Elegido dos veces como decano de la Facultad de Ciencias, es doctor en Ciencias de la Computación y también doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland. Corchado dirige el reconocido grupo de investigación Bisite (Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa).
La Universidad de Salamanca es la más antigua de España –el Studium Generale, luego convertido en la casa de estudios, fue fundado en 1218- y la tercera más antigua de Europa. En sus claustros se realiza la ceremonia de entrega de los premios Cervantes, los más prestigiosos de la literatura en castellano.
Para la justicia boliviana, el informe que emitió esa casa de estudios hace 48 horas, sobre las elecciones presidenciales de 2019, hizo caer el telón sobre las acusaciones de fraude que motorizaron el golpe.
Por Jaime Iturri Salmón, desde La Paz, especial para Télam
Publicar un comentario