El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes el proyecto de ley de Memoria Histórica e iniciará su tramitación parlamentaria a partir del próximo septiembre en el Congreso. Esta nueva normativa aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil (en la foto sus familiares), así como a anular las sentencias de la dictadura y prohibir el enaltecimiento del franquismo, entre otras cuestiones.
Este proyecto de ley prevé mejorar y ampliar la vigente Ley de Memoria Histórica, cuyas carencias ha querido subsanar el Ejecutivo del presidente español, Pedro Sánchez, con una reforma que ha tenido un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.
Es más, fuentes gubernamentales han anunciado que el Estado persigue, además, de una manera muy significativa, el reconocimiento de quienes fueron objeto de actos violentos durante el período comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la promulgación de la Constitución Española en 1978.
Cabe indicar que esta nueva normativa ha sufrido diversos retrasos con respecto al plan establecido inicialmente. El anteproyecto fue aprobado en septiembre de 2020, pero su aprobación final se vio aplazada por las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de la COVID-19.
La primera Ley de Memoria Histórica fue promulgada en 2007, por el entonces Gobierno de España presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2017), y tenía por meta anular las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), por órganos de represión franquista, por razones políticas, ideológicas, de conciencia, creencia religiosa y de orientación.
En el caso de que la nueva normativa reciba el visto bueno en el Congreso, el Gobierno de Sánchez tendrá la obligación de asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la época de la dictadura, que es un proceso arduo y difícil debido a la ausencia de datos oficiales.
Entre los años 2000 y 2018, en España se abrieron 740 fosas comunes y se recuperaron 9000 cuerpos, algunos de los cuales habían sido buscados durante 80 años por familiares y allegados. Esto mientras se estima que hay más de 3000 fosas comunes y, de acuerdo con la Audiencia Nacional, hay más de 114 226 desaparecidos forzosos.
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