La causa fue iniciada por una presentación formulada por la agrupación HIJOS ante el juzgado federal número 4 de la ciudad para que se cite a declaración indagatoria y se detenga al exjuez Guillermo Tschopp, a los exfiscales Pedro Tiscornia y Luis Vázquez, y a Horacio Claverié, un antiguo secretario judicial.
Se trata de una causa iniciada a raíz de una presentación formulada por la agrupación HIJOS ante el juzgado federal número 4 de Rosario, a cargo del magistrado Marcelo Bailaque, para que se cite a declaración indagatoria y se detenga al exjuez Guillermo Tschopp, a los exfiscales Pedro Tiscornia y Luis Vázquez, y a Horacio Claverié, un antiguo secretario judicial.
"Creemos que es fundamental que se comience a analizar el rol que tuvo la parte civil de la dictadura con el plan sistemático de represión que se desarrolló en Argentina. Hay que avanzar sobre esas responsabilidades. Pedimos que se produzcan medidas, se llame a indagatorias para que avance la investigación", señaló en diálogo con Télam Nadia Schujman, abogada y representante legal de HIJOS en Rosario.
La cronología
En agosto de 2018, HIJOS presentó una denuncia contra Tschopp, titular del juzgado federal 2 de Rosario durante la última dictadura, por su actuación en los casos de 16 personas que habían sido detenidas ilegalmente, torturadas e incluso desaparecidas.
En aquella presentación se citaba el caso de un detenido (cuya identidad se preservó) que tras denunciar ante el magistrado las torturas que había recibido en la sede del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, recibió como respuesta del magistrado: "¿Usted cree que voy a borrar con el codo lo que los militares escribieron con la mano?
El juez se refería a las actuaciones de un Consejo de Guerra que había condenado a 8 años a la víctima y su respuesta fue convalidar esa instancia y aumentarle la pena a 10 años de prisión.
La investigación
En base a esa denuncia, el fiscal federal Adolfo Villate inició una investigación que incluyó el análisis de 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo, y resolvió citar a indagatoria al exjuez, en junio de 2020.
En la resolución de Villate se describen hechos padecidos por los detenidos que eran denunciados ante Tschopp, quien ignoraba las declaraciones.
"Su actitud (la del juez Tschopp) era la de un torturador más en el esquema de interrogatorio que tenían; a pesar de eso yo hago la denuncia de los apremios. En ese momento me pide los nombres y yo en las condiciones que estoy y con la actitud de él no le puedo dar nombres porque me inhibía su actitud; yo no estaba ante la Justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron", declaró Esther Cristina Bernal, en el marco del debate del juicio Feced II y su testimonio está citado en la denuncia de la Fiscalía.
Por este y otros hechos, el juez Bailaque decidió procesar al magistrado, que se desempeñó entre 1976 y 1983 en los tribunales federales de la ciudad.
Además, Tschopp quedó imputado como partícipe de siete casos de homicidio, entre ellos los de los ciudadanos peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung, que vivían en el domicilio de Conrado Galdame, muerto de un disparo en la sede del Servicio de Informaciones.
Para encubrir el asesinato de Galdame, sus captores fraguaron un procedimiento en su domicilio, ubicado en Pelegrini 1685 de Rosario, donde fueron ejecutados los hermanos Céspedes Chung, y estas actuaciones habrían sido convalidadas por Tschopp, quien se encuentra en la actualidad bajo arresto domiciliario.
La denuncia de asociación ilícita
En febrero pasado, HIJOS presentó una denuncia para que el magistrado sea investigado también por el delito de asociación ilícita junto con Tiscornia, Vázquez y Claverié, al entender que todos tenían "un fin establecido y una actuación organizada con permanencia en el tiempo como estructura delictiva".
Los ex fiscales están denunciados por no proceder cuando los detenidos denunciaban haber sido torturados en dependencias policiales y militares.
Tal es el caso de Virginia Mulhall, quien fue obligada a firmar una declaración prevencional cuando estaba tabicada, con los ojos vendados, desnuda y mientras le pasaban corriente eléctrica.
Ante ello, Tiscornia, como fiscal, no tomó ninguna medida y solicitó que se condene a la víctima a la pena de dos años y seis meses de prisión por infracciones a la ley 21325 de la dictadura en una causa a cargo de Tschopp.
En la presentación de HIJOS se relata que Vázquez, en calidad de acusador, recibió los testimonios de los detenidos Luis Alberto Cuello y Jorge Alberto Flores, quienes le contaron que habían firmado declaraciones que no pudieron leer porque eran torturados por sus captores.
Vázquez dedujo que esas rectificaciones "eran tardías y carecían de valor por estar infundadas e inverosímiles", y giró las actuaciones a Tschopp.
El otrora fiscal de la dictadura es hoy abogado defensor del senador provincial santafesino Armando Traferri, involucrado en una causa en la que se investiga una organización dedicada al juego ilegal en la provincia.
Francisco Peña era un militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que en 1979 participó como activista sindical de un paro de colectivos en plena dictadura.
Un año después, fue detenido, torturado, llevado a un centro clandestino de detención ilegal y remitido al juzgado de Tschopp, donde Claverié lo obligó a firmar una declaración, bajo amenaza de "volver" con sus captores.
"Firme y me condenaron a tres años de prisión. Estuve en la cárcel de Caseros y después me llevaron a Rawson. Me liberaron en 1983. Pienso que todos ellos tuvieron la oportunidad de no participar en esos hechos, de renunciar. Pero no lo hicieron. Son partícipes necesarios de la represión ilegal y tienen que responder", señaló a Télam Peña, que a los 69 años aguarda que se haga justicia
Por Leonardo Castillo, Telam
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