El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov (foto), hizo hincapié el lunes en que los países occidentales deben “reconocer su responsabilidad en la situación general de Siria, sobre todo en el ámbito humanitario”, exigiendo que abandonen “categóricamente las interpretaciones unilaterales” de las cuestiones humanitarias.
Durante una conferencia de prensa conjunta con la secretaria general de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Helga Schmid, Lavrov denunció que tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los países occidentales siguen ignorando las declaraciones del Gobierno sirio, presidido por Bashar al-Asad, respecto a su disposición para ayudar a la entrega de ayuda humanitaria a través de los canales pertinentes creados por Damasco.
En este sentido, el diplomático ruso aseveró que la situación humanitaria en Siria se está agravando debido a las sanciones de Estados Unidos, cuyo objetivo ulterior es obstaculizar la reconstrucción de la infraestructura del país árabe.
Asimismo, criticó que Washington saquee los recursos de petróleo y gas de Siria, además de usar sus ingresos financieros con el fin de aumentar las tendencias secesionistas en el país y socavar la unidad nacional.
El canciller de Rusia subrayó también que EE.UU. y la ONU intentan ralentizar el regreso de los refugiados sirios a su patria y mantenerlos en los campos de refugiados el mayor tiempo posible.
“Toda la ayuda que el Occidente está recaudando, lo está haciendo sin la participación de Damasco en violación de las reglas de la ONU, pues (esta ayuda) nunca se utiliza para los refugiados y su regreso a sus hogares, para garantizarles condiciones y servicios elementales”, condenó Lavrov.
Desde el estallido de la crisis provocada por los grupos terroristas en Siria en marzo de 2011, los países occidentales, encabezados por EE.UU., han aplicado varias tandas de sanciones contra el Gobierno y el pueblo sirios, bajo diferentes excusas, frenando el acceso del pueblo a los productos alimenticios y medicamentos, entre otros, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
La “Ley César”, aprobada en diciembre de 2019 por el Congreso y el Gobierno estadounidenses, ha sido la más severa contra un pueblo que sufre un conflicto de diez años todavía en curso y que aún no controla una parte importante de sus recursos y riquezas naturales.
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