La tensión por la falta de proclamación del presidente electo de Perú a dos semanas del balotaje tuvo este domingo un paréntesis por la celebración del Día del Padre en cuarentena por el coronavirus, pero prometía resurgir el lunes, cuando la Justicia analice un pedido de la fiscalía para que la candidata Keiko Fujimori vuelva a prisión en el contexto de la investigación que busca determinar si cometió lavado de activos.
La audiencia, con la participación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez y Fujimori y sus abogados, fue programada para este lunes, a las 15 (las 17 en la Argentina), informó la Corte Superior Nacional en Twitter.
La populista de derecha Fujimori está bajo un régimen de libertad restringida tras haber estado en prisión preventiva desde octubre de 2018 hasta mayo de 2020 -en una cárcel, primero, y luego en su domicilio- mientras se investiga si lavó dinero que recibió de manera irregular para su campaña electoral de 2011.
Fujimori perdió el balotaje del 6 de este mes por escaso margen, según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero su vencedor, el sindicalista de izquierda Pedro Castillo, aún no fue proclamado pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no terminó aún de resolver apelaciones presentadas por los partidos de ambos con respecto a actas de votación observadas o impugnadas.
Castillo se impuso por 44.240 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%), según el conteo de la ONPE.
El JNE debatió y votó este domingo, en audiencias públicas y televisadas, ocho expedientes de apelación interpuestos por los respectivos partidos, informó el propio organismo.
Mientras tanto, los informes preliminares de las cinco misiones de observadores electorales internacionales que verificaron el balotaje destacaron la transparencia y la imparcialidad del JNE y la ONPE, según la agencia de noticias Andina.
Se trata de las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus).
En total, esas entidades acreditaron 160 observadores para verificar el trabajo de las autoridades de mesa, apoderados y fiscales, antes, durante y después de los comicios.
Asimismo, la firma de opinión pública Ipsos aseguró en un informe divulgado anoche que 95,28% de las actas de votación reflejan “valores normales”, que los casos atípicos afectan de manera similar a ambos candidatos y que si se eliminaran todas las actas con valores fuera del promedio, se mantendría de todos modos el triunfo de Castillo.
Asimismo, Ipsos subrayó que las cantidades de actas con valores normales y actas con valores atípicos fueron similares a las del balotaje de 2016, que Fujimori perdió ante el liberal Pedro Pablo Kuczynski por un margen muy similar al de ahora: 41.057 votos entre más de 17,1 millones de sufragios válidos (50,12% a 49,88%).
Ipsos fue la firma autorizada por la autoridad electoral para publicar encuestas a boca de urna y un conteo rápido el día de las elecciones, tanto en la primera vuelta como en la segunda.
La falta de proclamación del presidente electo generó un clima de tensión, alentado especialmente por el fujimorismo, que reclama que el JNE resuelva cientos de apelaciones presentadas fuera de término y anunció diversas acciones legales para procurarlo.
En ese contexto, simpatizantes de los dos candidatos se manifestaron en las calles de Lima en la mayoría de los días previos, incluso el sábado por la noche, cuando realizaron sendas concentraciones a 20 cuadras de distancia, sin que se reportaran incidentes.
Hoy, en cambio, las calles de la capital parecían desiertas, debido a la celebración del Día del Padre y en medio de la cuarentena estricta dispuesta por el gobierno con el objeto de contener la pandemia de coronavirus.
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