“La CIDH expresa su preocupación ante las denuncias de intimidaciones o acoso contra autoridades electorales, incluyendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, se lee en el comunicado.
Asimismo, el organismo detalló que ha tomado conocimiento de denuncias de autoridades de pueblos indígenas y comunidades campesinas del Perú porque durante el contexto electoral fueron atacadas por diversos motivos, entre ellos, por su origen étnico-racial.
“La CIDH recibió información sobre la difusión de mensajes estigmatizares que pueden alentar a la discriminación por origen étnico-racial, situación económica, supuestas afiliaciones políticas, origen regional y otras condiciones sociales de las personas, principalmente indígenas y habitantes de zonas rurales del país”, reza el documento.
Por esa razón, la entidad invocó al Estado a que respete los tratados de derechos humanos a los que está adscrito a fin de culminar con el proceder de determinados ciudadanos hacia los máximos representantes del sistema electoral y de justicia.
“En ese orden, (la CIDH) llama al Estado a observar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con la prevención, investigación y sanción de tales hechos, ocurridos en el contexto social posterior a la celebración de las elecciones presidenciales el 6 de junio de 2021″, se subrayó.
No hay indicios de irregularidades en el proceso electoral
Asimismo, la CIDH refirió que misiones de observadores electorales han concluido que los comicios fueron “positivos”. De igual modo, destacó que “los Jurados Electorales Especiales no han reportado indicios de irregularidades electorales”.
Falta de garantías para periodistas
En otro momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también comentó sobre lo ocurrido con determinados medios de comunicación que enfocaron su línea editorial a beneficiar a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.
“La Oficina ha registrado diversas denuncias de trabajadoras y trabajadores de prensa que habrían sido presionados en sus puestos de trabajo en relación con la línea informativa de la cobertura de las elecciones, lo que en algunos casos habría resultado en renuncias forzadas”, se agregó.
Por ello, el organismo pidió al Estado que brinde “las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación desempeñen su labor”.
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