Se trata de la tercer reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca,Frente de Todos y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (foto), Frente de Todos, que se realizará a partir de las 10, con la presencia de asociaciones de trabajadoras y trabajadores, quiénes harán aportes sobre la temática.
Concurrirán como invitados Miguel Gaya, de Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina; Tomás Eliaschev, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Miguel Aponte, Secretario Administrativo de Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación y Victorio Paulón, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina.
También, asistirán Patricia Mounier, Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados; Mario Carlos Torroba, de la Unión Personal Municipal de Berazategui y Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
En qué consiste el proyecto:
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.
La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz".
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».
De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a "toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias".
Algunas medidas concretas
*Crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional.
*Acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada a las víctimas.
*Reparación económica a los causahabientes de casos fatales o desapariciones por violencia institucional.
*Creación del Registro Nacional de Violencia Institucional.
*Creación del Programa Nacional contra la Violencia Institucional para la formación en DDHH de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias.
*Prohibir a las fuerzas de seguridad la portación de armas letales en manifestaciones públicas.
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