“Ahora, en un contexto de alteración del orden constitucional, lo que se ha generado es un riesgoso limbo jurídico, inconveniente para el país, pues resulta ser la receta perfecta para el desastre institucional de un Estado”, advirtió uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Sergio Avilés (foto), cuya destitución votó el 1 de mayo la Asamblea Legislativa de El Salvador.
Durante una entrevista con la revista local Factum, publicada el viernes, el juez reconoció que jamás se les pasó por la mente ni a él ni a sus otros compañeros destituidos que, tras la toma de posesión del nuevo Congreso, de amplia mayoría oficialista, el órgano legislativo pudiera saltarse las reglas del juego democrático que impera en un Estado de derecho.
“Teníamos claro en que se iban a intentar acciones en contra nuestra, pero creíamos que se iban a realizar respetando las reglas del juego, las que impone el ordenamiento jurídico”, subrayó el letrado, para luego agregar que “nunca pensamos que actuarían de esta forma tan burda y violatoria de la Constitución. En eso nos vimos sorprendidos, debo admitirlo”.
Tras darse la votación para la destitución de los jueces, cuyo resultado fue de 64 votos a favor del total de los 84 legisladores, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la decisión de Parlamento, considerando que esa acción supone un intento encubierto del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de acaparar todo el poder para sí mismo.
En este punto, el togado resaltó al medio que “si una Sala de lo Constitucional sirve al Ejecutivo y al Legislativo, no solo se acabarían las garantías constitucionales, se acaba la República y el sistema democrático. Sería nefasto para nuestra historia”. De concretarse esa fusión, se daría con el tiempo “el tiro de gracia” al sistema democrático que rige en El Salvador, alertó.
Avilés, el único de los magistrados depuestos que no ha presentado su renuncia, denunció que es objeto de presiones para firmar su propia dimisión. Al respecto, dijo que ha recibido llamadas de números desconocidos y una persona cercana a su círculo que guarda relación con los recientes acontecimientos en la Asamblea Legislativa, le dijo que “tenía una renuncia redactada para mí y que por favor se la firmara porque eso era lo que más convenía. No me supo explicar a qué se refería con eso y me aclaró que él únicamente seguía directrices. Tampoco me dijo de quién”, aseguró.
El presidente Bukele ha acusado a la Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, de quitarle facultades para manejar la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
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