Después de la primera audiencia del alegato celebrada el jueves 20, la fiscal auxiliar Gabriela Sosti continuó ayer con su exposición en el juicio que tiene como único imputado al ex militar de inteligencia Mario Guillermo Ocampo por los crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas entre 1979 y 1980 militantes que formaron parte de la llamada “contraofensiva” de Montoneros. Frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín, la representante del Ministerio Publico Fiscal describió los hechos por los que se acusa al ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército.
Pasadas las 14.00, Sosti comenzó haciendo un racconto sobre la historia de Ocampo en el Ejército durante la época del terrorismo de Estado y específicamente sobre su accionar en Mendoza. Relató que “entre el 7 de enero de 1977 y el 27 de febrero de 1979 Ocampo llegó a desempeñarse como segundo jefe de la Compañía de Infantería de Montaña 8” y recordó que “otros dos militares de esa compañía están condenados por esas tareas”. Se trata de Carlos Ochoa y Miguel Baez, quienes fueron condenados en el 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza.
En ese sentido, Sosti hizo hincapié en la importancia de relevar el contexto “para que podamos entender lo que surge de su legajo porque ese legajo es la prueba más rotunda de que sus tareas implicaron el pleno aporte al aniquilamiento”.
Destacamento de Inteligencia 201
Luego Sosti puso de relieve el traslado de Ocampo al Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo, “un destacamento que venía con todos los motores funcionando al extremo y que al menos durante 1979 produjo el exterminio parcial de la militancia montonera”. La representante del MPF indicó que Ocampo ingresó en aquél destino como jefe de la Segunda Sección de Ejecución a fines de 1979 y que realizó desde allí “un aporte esencial” para lo que siguió. Su actuación fue relevante para los trabajos de investigación, de inteligencia y para proponer el reclutamiento y despliegue del personal.
Sostuvo además que “toda la información que allí se recolectaba surgió de los interrogatorios bajo tormentos que los agentes con aptitud de inteligencia, es decir habilitados para interrogar, le hicieron día tras día a cada mujer y a cada hombre secuestrado”. Con esa información, la fiscal auxiliar resaltó que durante este periodo se realizaron dos operaciones para abatir la contraofensiva montonera que “fueron la impronta de aquellos tiempos”: la Operación Murciélago y la Operación Guardamuebles.
“Fueron mentes bien normales las que diseñaron y llevaron adelante estas aberraciones que humillan la condición humana, como es una mente normal la que tenemos hoy como imputado, que alega desconocimiento y ajenidad”.
Sobre la Operación Murciélago, la fiscal sostuvo que fue puesta en ejecución en marzo de 1980 y que consistió en usar “marcadores”, militantes secuestrados que bajo tormentos fueron forzados a instalarse en las oficinas de inteligencia de la frontera, para que indicaran quienes eran los militantes que volvían al país. Mientras que el Operativo Guardamuebles consistió en detectar los depósitos en donde la militancia había dejado elementos estratégicos, para luego realizarles una emboscada.
47 víctimas
En ese marco, Sosti describió la prueba de los distintos casos por los que llegó acusado al debate el ex militar: secuestros, tormentos y homicidios agravados cometidos contra 47 víctimas, militantes de la agrupación Montoneros.
Al referirse al caso de Miriam Frerichs, quien regresó en 1980 desde España a la Argentina, Sosti recordó que el relato sobre el asesinato de esa víctima lo hizo el entonces jefe de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) de Campo de Mayo Eduardo Stigliano, uno de los autores directos del homicidio, en el marco de su demanda económica ante las fuerzas armadas por la neurosis que le generaron las consecuencias de su accionar.
En un documento, el difunto militar reconoció el asesinato de 53 integrantes de montoneros que participaron en la denominada Contraofensiva y explicó, citó Sosti, que “se le ordenaba matar personas en estado de indefensión, a través de médicos que le inyectaban ketalar, que después envolvían los cuerpos en un nylon y los arrojaban al Rio de la Plata desde aviones”.
Stigliano, añadió la auxiliar fiscal, expresó que “cualquier mente normal no puede menos que alterarse ante semejante horror”. Sosti tomó aquella cita para argumentar que “fueron mentes bien normales las que diseñaron y llevaron adelante estas aberraciones que humillan la condición humana, como es una mente normal la que tenemos hoy como imputado, que alega desconocimiento y ajenidad”.
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