Además de los 39 asesinatos documentados, hay descripciones de muchas otras atrocidades, detalladas por militares bajo condición de anonimato.
En total, la investigación verificó 39 casos de ejecuciones delictivas e identificó a 25 militares vinculados a estos actos, calificados por Campbell como "posiblemente el episodio más vergonzoso en la historia militar de Australia". No obstante, la versión difundida al público incluye indicios de que tal práctica podría haber sido empleada más ampliamente.
El informe de Brereton cita dos reportes de la socióloga australiana Samantha Crompvoets, basados en entrevistas que "muchos miembros del Comando de Operaciones Especiales y partes interesadas externas" le concedieron bajo condición de anonimato.
Tras examinar los relatos de los soldados, la socióloga indicó que, según sus observaciones, las tropas australianas cometieron en Afganistán "un gran número de asesinatos ilegales".
Un escenario de asesinato de civiles descrito por la investigadora tiene que ver con el allanamiento de aldeas. Según sus informantes, cuando los campesinos corrían del helicóptero en el momento de las incursiones aéreas, los soldados disparaban contra ellos, matando no solo a hombres, sino también a mujeres y niños. Posteriormente las agresiones, calificadas por uno de los interlocutores de Crompvoets como "masacres sancionadas", se justificaban con excusas plausibles. Por ejemplo, se decía que en el momento de ser abatidas las víctimas "estaban corriendo […] a sus escondites de armas".
Luego del asalto inicial, la aldea se acordonaba, y los hombres y chicos eran llevados a una casa. "Allí serían atados y torturados por las Fuerzas Especiales, a veces durante días. Cuando las Fuerzas Especiales se iban, los hombres y los niños eran encontrados muertos: con disparos en la cabeza o con los ojos vendados y degollados", señala el informe de la Defensa australiana.
Una parte de las atrocidades contra la población civil podría explicarse por la existencia de una competencia sobre el número de enemigos abatidos y por la manipulación de la lista de individuos designados para ser capturados o liquidados por la Coalición internacional (JPEL, del inglés ‘Joint Priority Effects List’). Algunas víctimas podían ser añadidas al índice ya después de la muerte mediante una «retroingeniería» de esta «lista de asesinatos sancionados», indicó Crompvoets.
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