Gimena está presa en la Unidad Carcelaria 4 de Salta, en el norte argentino. Una de las “pruebas” en su contra fue haber googleado la palabra aborto desde su celular. Tiene 26 años, es madre de dos hijos y los últimos cuatro años los pasó detenida. En 2017 fue condenada a 15 años de prisión después de haber parido en una letrina en su casa de Cafayate, a casi doscientos kilómetros de la capital salteña. Ella creyó que había dado a luz a un recién nacido muerto. No le creyeron, la juzgaron y condenaron. Eliana está detenida en San Juan, con un castigo de prisión perpetua después de haber quedado embarazada producto de una violación y haber tenido un parto en el fondo de su casa. Sus historias se parecen entre sí: un parto extrahospitalario en una letrina que termina con un neonato muerto. Rosalía hoy cumple prisión domiciliaria por no haber podido “salvar” a su hija recién nacida.
Gimena, Eliana y Rosalía son sólo tres nombres que muestran que Belén, la joven tucumana 29 meses presa por un aborto espontáneo, no fue la única presa por aborto u otro evento obstétrico en los últimos años en Argentina. La falta de una ley de aborto legal, seguro y gratuito tiene secuelas físicas y legales en las vidas de las personas.
Una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -a la que tuvo acceso LATFEM- reveló que entre 2012 y la actualidad hubo al menos 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos en todo el país. Se trata de historias publicadas en medios nacionales y locales, por lo que se trata de un subregistro ya que los datos oficiales aún no fueron publicados. El informe demuestra que la ausencia de una normativa tiene un impacto de género y clase. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la enorme mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. “Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres”, dice el comunicado, que lleva más de 130 adhesiones, con el que dieron a conocer los resultados de esta investigación para exigir terminar con la criminalización del aborto.
El trabajo de recolección de datos empezó hace un año y la investigación cuenta con el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Lxs investigadores no encontraron varones trans o personas no binarias criminalizadas. La mayoría de las mujeres tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes. “Cuando nos referimos a eventos obstétricos aludimos a casos como los de Belén: situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves. En el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas”, dicen.
Ahora, en este momento, hay presas por parir y abortar en Argentina y en gran parte de la región. Las personas embarazadas son rehenes de sus propios úteros: si sus fetos nacen muertos, ellas sufren abortos espontáneos o cualquier complicación, se convierten en sospechosas de un delito. La única ley que rige para ellas es ser madres a como dé lugar. El modelo de maternidad patriarcal es inalcanzable: plantea un desempeño ideal que, en la mayoría de los casos, no coincide con los recursos económicos, sociales y culturales que tienen la enorme mayoría de las madres. Y la presunción de inocencia no existe cuando se trata de situaciones relaciones con la concepción, el embarazo, el parto y la maternidad. Al revés de como debería ser: todas son culpables hasta que se demuestre lo contrario.
De los 73 casos, la mayoría de las mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. Muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura. Gran parte de ellas sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal. Muchas veces el pedido de auxilio de sus familiares para salvar la vida de esas mujeres fue utilizado como una denuncia por las autoridades para iniciar investigaciones penales, como en el caso de Yamila, en Rosario, cuyo padre fue a la comisaría por indicación del Hospital. Ella tuvo un aborto espontáneo en el baño de su casa. Fue condenada a nueve años de prisión. La acusaron de haber matado y abandonado a su hijo. Después de perder mucha sangre, necesitaba asistencia médica. Sin embargo el primer médico que la vio la interrogó: “Qué te tomaste, qué te hiciste, con qué te pinchaste”.
Hacen parte de este trabajo de investigación Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui, las abogadas autoras del libro “Dicen que tuve un bebé”, publicado recientemente por Siglo veintiuno. “¿Cuántas mujeres más, en distintos lugares de la Argentina, en este mismo momento, están presas o son perseguidas por un evento obstétrico?”, se preguntan en el libro para salir a la búsqueda de siete historias, entre las que están Jimena, Eliana y Rosalía.
Los relatos que cuentan riman con la crueldad de aquellos que se conocen en El Salvador, por ejemplo. Durante el debate de 2018 por la ley de interrupción voluntaria del embarazo muchas veces se aludió a la baja aplicación de la ley penal para perseguir casos de aborto y se habló de la existencia de una despenalización social. “Sin embargo, si analizamos el fenómeno en su complejidad, los números de la criminalización son significativos”, señalan desde el CELS.
Como abogadas expertas en la temática, Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui encararon una investigación desde una perspectiva feminista que les permitió hacer visible lo que pretendía ocultarse o quedaba solapado bajo la falsa y supuesta neutralidad judicial. “La ilegalidad del aborto proyecta una sombra punitiva sobre otros eventos obstétricos. Pero esa sombra, además, vuelve a los casos invisibles, indetectables para los informes, los registros y los relatos. Los deja fuera de los radares”, dicen.
Ellas sistematizaron los engranajes de la invisibilización que es necesario desarmar para llegar a números reales sobre la cantidad de presas por aborto u otros eventos obstétricos.
-la errónea calificación legal de los hechos: en las causas que analizan encontraron figuras inexistentes como “aborto seguido de homicidio”, “aborto espontáneo” u “homicidio contra bebé varón”.
-la anulación de las versiones de las imputadas. Sus voces aparecen bien entrada la causa y no se les cree.
-la selectividad penal propia de la clase y el género.
“La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud”, dicen desde el CELS, junto con más de cien organismos y organizaciones. Y cierran: “Es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Necesitamos más derechos y menos condenas”.
El grito de libertad y absolución a las procesadas empieza a retumbar en Argentina, mientras la presentación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo se vuelve inminente y una nueva discusión parlamentaria está en puerta.
Por Flor Alcaraz, Latfem
Fotografía: Solange Avena
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