A este proyecto que crea juzgados en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente “Reforma Judicial”… y la verdad es que haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en nuestro país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales.
La primera, fue la que envié al Congreso siendo Presidenta de la Nación en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios.
La segunda, fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación. Una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios. A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales.
Esa reforma de facto que hizo Mauricio Macri tuvo cuatro ejes fundamentales:
1-Creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py. Esa “mesa judicial” fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución Nacional. Se hablaba de ella en artículos que se podían leer en el papel y en el portal, se comentaban sus reuniones en los programas de televisión y sus decisiones, que se conocían en las tapas de los diarios, anunciaban el texto exacto de futuras resoluciones y sentencias judiciales.
2-Incorporó la llamada “Doctrina Irurzun” (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal.
3-Comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces. Se violó de esta manera, en forma flagrante, no sólo el principio de Juez Natural, sino la prohibición de tribunales ad hoc.
4-Convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores. Para ellos se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno.
Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves. Sin embargo, la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación.
He sido dos veces Presidenta de la República Argentina por el voto popular. Todas y cada una de las políticas sostenidas durante nuestros gobiernos fueron enviadas y resueltas por el Congreso, inclusive aquellas que no requerían de su intervención de acuerdo a la Constitución y a la normativa legal vigente. Y lo hice con la convicción que el único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional.
En tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos, es muy bueno recordarlo.
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