Montaño fue además senadora y diputada, y presidió ambas Cámaras legislativas. Tiene 44 años, es médica con un master en Salud Pública y, como buena parte de los dirigentes que participaron de los 14 años de Gobierno masista, está refugiada en la Argentina desde diciembre pasado, cuando llegó acompañando a Morales.
Mientras Montaño conversaba por teléfono con Télam, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, bajaba su candidatura presidencial para las elecciones del 18 de octubre con el declarado propósito de favorecer al candidato de Conciencia Ciudadana, Carlos Mesa, e impedir que el MAS vuelva a gobernar.
"Este es un acuerdo para intentar favorecer a Mesa a cambio de impunidad por la corrupción de estos meses de gobierno, y también de distribución de cuotas de poder. Incluso escuché que ya estaba ofreciéndole una embajada a Áñez. Esto es algo que la derecha siempre hizo en Bolivia y en la región; cuoteo, impunidad, a cambio de ciertos respaldos o apoyos políticos", dijo la dirigente masista.
¿Ese voto potencial de Áñez va directamente a Mesa?
No. Es probable que no migre sólo a un candidato. En el oriente del país es posible que migre más hacia Luis Fernando Camacho, que representa una opción de ultraderecha, ultraconservadora, racista, homófoba, que va en contra de cualquier democracia moderna. Y en el occidente podrá migrar algo hacia Mesa.
-T: La semana pasada Human Rights Watch (HRW) presentó el informe "La justicia como arma", en el que afirma que el gobierno de Áñez abusa del sistema de justicia para perseguir al MAS, ¿cómo es su situación personal?
En este momento estoy refugiada en la Argentina. Salí de Bolivia en las circunstancias del golpe de estado de noviembre del año pasado, junto con Morales y (el exvicepresidente) Álvaro García Linera, primero a México y luego aquí.
Luego de mi salida del país han iniciado contra mí, igual que contra varios ministros, varios intentos de procesos penales sobre cosas que cuando estaba allá no existían.
Yo no tenía ningún proceso penal cuando salí del país, pero a las pocas semanas empezaron esta ola de acusaciones y de procesos penales contra ex autoridades y también contra líderes sociales. Es conocida la persecución que existe contra Morales.
Morales gobernó durante 14 años en los que Bolivia tuvo un crecimiento social y económico inédito. Sin embargo, en febrero de 2016 un referendo le negó la posibilidad de una nueva reelección. A la luz de lo que sucedió ¿habría sido mejor hacer un recambio de dirigentes en ese momento?
Para mí, nada justifica un golpe de estado. Hay gente que quiere justificar el golpe de estado con el descontento en una porción de la población. En cualquier país democrático existe derecho a la protesta, pero esto fue un golpe de estado, con el pretexto de un fraude electoral, a partir de un inconsistente informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) que fue refutado por varios estudios independientes.
En relación con el resultado del referendo de 2016 ha habido posturas claramente autocríticas, inclusive por parte de Morales, revisando esa posición, pero vuelvo a recalcar que nada justifica un golpe de estado.
¿Qué evaluación hace de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Áñez?
Ha sido un desastre, y creo que ese es uno de los elementos que está más claro para la población, tenga la opinión política que tenga. Paralizaron la implementación del SUS (Sistema Único de Salud), que nosotros habíamos iniciado a principios de 2019 y que garantizaba la atención gratuita a más del 50% de la población.
En noviembre del año pasado dejamos 11 hospitales de segundo y tercer nivel prácticamente concluidos, lo único que había que hacer era continuar el cronograma de inversión para equipamiento. Durante esta pandemia estos hospitales podrían haber sido habilitados fácilmente en unas pocas semanas, pero no lo hicieron porque el discurso político era que el MAS no hizo nada en 14 años.
¿Cuál es la propuesta para enfrentar la crisis sanitaria?
Planteamos el fortalecimiento de la salud pública como un eje esencial. Una de las lecciones más importante que deja la pandemia es que el Estado debe ser un actor central en ámbitos como la salud y la educación.
Hay que centrarse en la atención primaria en salud. Eso permite que todo el resto del sistema funcione. Planteamos duplicar el número de centros de salud en cinco años y también utilizar la tecnología proporcionándole internet a esos centros para que un médico en área rural pueda consultar con un especialista que se encuentra en un hospital.
¿El riesgo de una derivación violenta de este proceso está latente, es una opción?
El riesgo es que se desate violencia desde el propio Estado. En Bolivia hay grupos parapoliciales y paramilitares desde el año pasado. Hubo acciones de enorme violencia el año pasado y este año, con respaldo de algunas autoridades del Estado, actuando en contra de población civil de las zonas periurbanas más pobres, que respaldan al más, a los sectores populares de ciudades como Cochabamba y La Paz que respaldan al MAS.
Por Daniel Casas, Telam
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