El proyecto fue firmado por los diputados Mario Negri (presidente del bloque radical y del interbloque), Cristian Ritondo (titular del bloque PRO), Maximiliano Ferraro (líder del bloque CC-ARI), Gustavo Menna (UCR), Pablo Tonelli (PRO) y Mariana Stilman (CC-ARI).
En los fundamentos, los legisladores de Juntos por el Cambio sostienen que "la República Argentina vive una circunstancia que no reconoce precedentes durante el desenvolvimiento de gobiernos constitucionales".
"Nunca en toda su historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado", señalaron los legisladores del interbloque opositor.
Para los diputados, ·con el dictado de los decretos 750; 751 y 752 se rompe esa tradición de respeto por la inamovilidad de los jueces en sus cargos, que consagra el artículo 110 de la Constitución Nacional como garantía de independencia del Poder Judicial".
Aclaraciones al margen
"Los jueces solo pueden ser desplazados de sus cargos si se verifican algunas de las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución –mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de crímenes comunes-, y en función de un proceso llevado a cabo por los órganos previstos en la Ley Suprema", precisaron.
En ese sentido, mencionaron: "El juicio político a cargo del Senado, con la Cámara de Diputados como acusadora en el caso de los jueces de la Corte; enjuiciamiento a cargo del jurado previsto en el artículo 115 de la Constitución en el caso del resto de los jueces, con el Consejo de la Magistratura como acusador".
"Está claro que en ningún caso y por ningún motivo, compete al Poder Ejecutivo disponer algo semejante. De ninguna manera los jueces de la Nación están sometidos al arbitrio del gobernante de turno, y mucho menos en lo que respecta a su permanencia y estabilidad en el órgano judicial que titularizan", advirtieron.
Los jueces Bruglia, Betuzzi y Castelli fueron trasladados a otros tribunales por un decreto del presidente Mauricio Macri, sin que sus pliegos fueran tratados por el Senado, tal como lo establece la Constitución, y en función de este argumento, la cámara alta resolvió que los magistrados vuelvan a los cargos donde se desempeñaban antes.
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