La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que tiene como objetivo localizar a víctimas de la represión durante la dictadura de Francisco Franco en España, celebró el acontecimiento "largamente esperado por los familiares de las víctimas", según informaron en un comunicado.
Es que su indagatoria "no sólo puede tener consecuencias sobre su persona, sino que puede llegar a tener un efecto dominó respecto de otros imputados", indicaron desde ARMH.
"Esperamos que esta vez pueda finalmente concretarse para dar fuerza a esta causa tan vapuleada por las autoridades españolas que se han negado sistemáticamente a que avance", agregaron.
El próximo jueves, la jueza María Servini titular del Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires tomará declaración indagatoria por videoconferencia a Villa en la embajada argentina en Madrid, en el marco de la querella presentada el 14 de abril de 2010 en Buenos Aires.
Una vez que se le tome indagatoria, la jueza podrá ordenar su sobreseimiento, su procesamiento o la realización de más medidas, como sumar las declaraciones de otros imputados.
Hace algunos años, Servini había solicitado su extradición al Gobierno español así como también que fuera la Justicia de ese país la que lo interrogara.
Sin embargo, no tuvo éxito, ya que las respuestas planteaban que los hechos eran alcanzados por la Ley de Amnistía, que rige en el territorio español desde 1977.
Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura de Franco y del período conocido como de "Transición" hacia el sistema de democracia parlamentaria vigente aún en España, Villa, de 86 años, está imputado por su responsabilidad en un hecho conocido como "los Sucesos de Vitoria".
El 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco, cuatro mil trabajadores en huelga estaban reunidos en una iglesia de Vitoria, en el País Vasco, celebrando una asamblea, cuando la policía irrumpió y desató una represión a tiros que causó cinco muertos y más de 150 heridos.
Por entonces, Villa era ministro de Relaciones Sindicales de España y por su responsabilidad en esta represión, Servini pidió en 2014 su detención a Interpol para interrogarlo, en base al principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, el exfuncionario presentó varios recursos para postergar su declaración, pero la Justicia argentina confirmó siempre este pedido de indagatoria.
Las dos querellantes en este expediente son Inés García Holgado, descendiente de represaliados por la dictadura de Franco; y Adriana Fernández, nieta del militante republicano, Antonio Fernández González, fusilado por los falangistas en Castilla León.
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