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Carrió irá a la justicia para reclamar la continuidad de la justicia partidaria macrista

(19/09/20 - ¡Cambiemos!)-.La dirigente Elisa Carrió y la Coalición Cívica-ARI anunciaron que van a denunciar ante la Justicia la anulación de los traslados de los jueces macristas Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a sus destinos de origen, decisión que el partido considera una "remoción encubierta".

"Hay que defender al Poder Judicial porque está en riesgo su independencia y, en definitiva, el estado de derecho. Esta defensa se hace desde la no violencia, por eso hacemos un llamado a la paz y no queremos la radicalización porque le es funcional al poder y a la Vicepresidenta de la Nación", Cristina Kirchner, señaló la fuerza política opositora en un comunicado.

Los dirigentes de la CC-ARI hicieron hincapié en que no van a "contestar a la violencia institucional" con la misma moneda, sino que lo harán "con actos ajustados al estado de derecho como está presentación y las que venimos haciendo en sede judicial".

"Allí y en otros organismos los diputados de la Coalición Cívica estamos informando cada apartamiento del orden institucional y constitucional que se provoca en nuestro país" agregaron.

El miércoles, la Cámara Alta rechazó los traslados por decreto de Mauricio Macri de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi, lo cual fue ratificado este jueves por decreto presidencial.

"En consecuencia, concluyó la maniobra manifiestamente ilegal de desplazamiento de dichos magistrados desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional, la Vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores pertenecientes al partido de Gobierno", dijeron sin ponerse colorados.

"Solicitamos que también se evalúe la conducta del Presidente de la Nación por la violación el artículo 109 de la Constitución Nacional. Alberto Fernández no puede desconocer que el Presidente de la Nación no puede ejercer funciones judiciales y lo hizo", alegaron olvidando que la medida corrige una violación manifiesta de la Ley realizada por Mauricio Macri para garantizar la prosecución de los actos de Lawfare con que la alianza neoliberal conservadora imaginaba podría perpetuarse en el poder.


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