Allí donde el macrismo metió la mano sólo se encuentra mugre y pus. Todos los días se revelan nuevos hechos perjudiciales contra el Estado y probables delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública del mejor equipo de los últimos cincuenta años.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elevó a la Oficina Anticorrupción un informe acerca de supuestas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional con un perjuicio para las arcas del estado estimado en 75 millones de dólares
El informe, que también fue remitido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, relevó un total de 21 subastas sobre 54 operaciones efectuadas entre marzo de 2017 y abril de 2018, en las cuales "se detectó la adjudicación de inmuebles por precios menores a su valor de tasación" sostiene el informe
Y ¿quienes habrían sido los beneficiados? Los mismos de siempre. Primero su "hermano del alma", Nicky Caputo, hoy operador empresario en Corea del Sur y el dueño de Nordelta y del MALBA, Eduardo Costantini, el que se había quejado de que "los multimillonarios, con Macri, pasaron a ser sólo millonarios".
Las subastas auditadas se seleccionaron "de acuerdo a criterios como el monto total y la diferencia entre el valor de tasación y el valor de adjudicación, y se determinó que en 16 de esas 21 operaciones se comprobó una diferencia negativa entre el valor de tasación y el monto en el cual los inmuebles fueron finalmente adjudicados", señaló el comunicado.
Indicó que "el total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares".
Como argumentación del remate de esos activos, "desde la AABE se había señalado la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subasta por dos tercios del valor del inmueble", agrega.
Destacó que "sin embargo, los técnicos de la SIGEN consignaron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión".
La Oficina Anticorrupción deberá ahora "definir el rumbo a seguir con estas actuaciones", precisó la SIGEN.
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