Ramos Padilla rechazó entonces el envío de partes de la causa a Comodoro Py porque considera que todas las maniobras que perpetraron Marcelo D’Alessio, Stornelli, los comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el fiscal Juan Ignacio Bidone, el ex agente Rolando Bareiro, entre otros, deben ser investigados como un todo, como operaciones de una misma asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, extorsiones y armado de causas falsas, con vínculos con la política y el estado, en especial la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Ramos Padilla respondió al planteo de los tres magistrados que, de una u otra manera, quieren quedarse con partes del expediente, sometiéndolo a una especie de descuartizamiento. Pero, además, el juez de Dolores hace notar el papel de Stornelli en las tres causas: “En uno de esos casos, el doctor Stornelli aparece como parte querellante, en otro como pretenso querellante y en el restante directamente es el fiscal de la causa”, detalla Ramos Padilla.
Los tres planteos al juez de Dolores son inauditos.
Caso I
Una semana después de desatado el escándalo por la extorsión de D’Alessio al empresario Pedro Etchebest, el fiscal Stornelli se presentó a la justicia de Comodoro Py con una denuncia contra el falso abogado por defraudación. Quiso instalar que D’Alessio lo invocaba de manera fraudulenta, o sea que él era una víctima del falso letrado. Fue el camino que encontró Stornelli para llevarse la causa al edificio de Retiro, donde juega de local. El juez sorteado, Julián Ercolini, aceptó este criterio y permitió que Stornelli fuera denunciante y querellante en esa causa.
La respuesta de Ramos Padilla es durísima: “es necesario mantener siempre presente la inversión de los roles procesales: mientras en este juzgado se investigaba el rol de la AFI en los hechos, y se lo tiene a Stornelli como imputado, Ercolini ha avalado que estos mismos actores se constituyeran como querellantes”.
O sea, el juez le dice a su par que en Dolores, D’Alessio, Stornelli, la AFI y compañía están acusados de integrar una asociación ilícita, mientras que Ercolini los acepta como víctimas. Y –continúa Ramos Padilla– en Comodoro Py parecen olvidarse que actuaban en conjunto, que tenían chats, mensajes, reuniones, e incluso D’Alessio espiaba al ex marido de la esposa de Stornelli por pedido de éste último.
Ercolini argumenta que gran parte de los delitos ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Ramos Padilla no tiene competencia. El magistrado de Dolores le reitera que la extorsión se concretó en el regreso de una reunión entre D’Alessio y Stornelli en Pinamar, es decir que en ese viaje el falso abogado le pidió a Etchebest 300.000 dólares para aliviarle una supuesta complicada situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Como se sabe, en esa causa el fiscal era Stornelli y D’Alessio le dijo que Etchebest que había arreglado todo con el fiscal en el encuentro del parador CR. Luego la banda actuó desde la zona de Ezeiza y en otro lugares, de manera que tampoco CABA fue el escenario de todo. Además, Ramos Padilla le recordó que la Cámara Federal de Mar del Plata ya lo confirmó al frente del expediente.
La conclusión es que el juez de Dolores no dejará su lugar como instructor de toda la causa, no sólo la que investiga la extorsión a Etchebest.
Caso II
El juez de Comodoro Py Sebastián Casanello le reclama a Ramos Padilla que deje de instruir el caso de la extorsión de D’Alessio a Pablo Erasmo Barreiro, un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. El padre de Pablo, Ricardo Barreiro, estaba detenido en la causa de las fotocopias de los Cuadernos y eso fue aprovechado por la banda de D’Alessio para “poner en pánico” al hijo haciéndole saber que también a él estaban por detenerlo. Por supuesto, invocaron la relación con Stornelli y que ellos podrían arreglar todo. Nuevamente el fiscal se ubicó como víctima, pese a que Pablo Barreiro declaró que cuando se presentó a declarar ante el propio Stornelli le advirtió que le estaban pidiendo dinero en su nombre. La declaración de Barreiro nunca apareció en la causa.
El caso exhibe la mano del camarista que forzó las detenciones de los ex funcionarios kirchneristas, Martín Irurzun. Sucede que Casanello opinó inicialmente que la causa le correspondía a Ramos Padilla, pero Stornelli y otro imputado –que luego fue abogado de Stornelli– , Carlos Liñani, apelaron lo decidido por el juez. Irurzun revocó el fallo de Casanello y virtualmente le ordenó que le reclamara la causa a Ramos Padilla.
La jugada de Irurzun también apuntaba a llevar el expediente a Comodoro Py, donde funcionó aceitadamente el juego entre algunos jueces, fiscales, camaristas, el aparato mediático y, por supuesto, la cabeza política con sede en la Casa Rosada.
Nuevamente, el juez de Dolores insistió con que no corresponde desguazar el expediente porque se trata de una única asociación ilícita que él viene investigando desde hace más de un año y en la que hay detenidos, procesados y una cantidad enorme de pruebas recolectadas.
Caso III
Es el caso que con más claridad exhibe el contubernio político-mediático-judicial. En su resolución, Ramos Padilla adelanta que habrá un texto más largo y específico dedicado al planteo que le hizo el fallecido Claudio Bonadío y que heredó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, hoy a cargo del juzgado de Bonadío. Uno de los ingredientes de la movida es que en esa causa el fiscal es nada más y nada menos que el propio Stornelli. De manera que Bonadío le estaba exigiendo a Ramos Padilla que diera un paso al costado para que todo quede en manos de él (Bonadío) y de Stornelli.
Es el expediente relacionado con la compra de Gas Natural Licuado (GNL). Como se sabe, la prueba esencial de esa causa fue un peritaje trucho armado por el ingeniero David Cohen, hoy a punto de ir a juicio por falso testimonio agravado. El estudio indicaba la existencia de sobreprecios en base a un precio del GNL que se manejaba en gasoductos de Estados Unidos, incomparable con el gas traído en barcos. Para sostener esa postura descabellada, Cohen copió textos de estudiantes chilenos, sin siquiera citar la fuente y mencionando a organismos internacionales inexistentes.
Dado el hundimiento de la prueba principal, el que vino a tratar de salvar el expediente –que apuntaba a Julio De Vido, Roberto Baratta y también a Cristina– fue Marcelo D’Alessio. El falso abogado declaró dos veces en secreto, el 5 y el 12 de noviembre de 2016. Como es obvio, los elementos de prueba surgieron en los allanamientos a la vivienda de D’Alessio, donde se encontraron archivos de preparación de la maniobra. Esta claro que era otra operación de la asociación ilícita dedicada al espionaje y el armado de causas.
Otra vez, entonces, se produjo la jugada de exigirle a Ramos Padilla que entregue una parte de su investigación, desguazando el expediente que tramita en Dolores. Y esa es la pretensión que fue rechazada por el magistrado.
En el año transcurrido desde el estallido del caso, se han hecho todas las maniobras imaginables. Hubo un intento de desplazar a Ramos Padilla mediante un juicio político, recusaciones de variado tenor, pedidos de inhibición, la difusión de escuchas ilegales a los detenidos de Ezeiza para instalar que el expediente fue un armado de los presos, anónimos, sobres que llegaron a fiscalías, aprietes y hasta el pedido a una víctima, el ex esposo de la actual pareja de Stornelli, Jorge Castañón, para que no vaya a declarar porque Mauricio Macri había prometido echar a Ramos Padilla en una semana.
Contra viento y marea, el expediente de Dolores avanza.
*Por Raúl Kollman
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