En la petición, el diputado cita “cinco episodios” que constituyen un delito de responsabilidad (el requisito legal para abrir el proceso) y que, en su opinión, “permiten que se acepte la denuncia y que se abra un proceso de impedimento”.
El hecho más reciente se refiere al 9 de este mes, cuando Bolsonaro dijo que hubo fraude en las elecciones de 2018 porque él debería haber ganado en la primera vuelta, una afirmación que hizo sin presentar pruebas a la Justicia electoral.
También cita el apoyo a las manifestaciones del 15 de marzo organizadas por los simpatizantes de Bolsonaro en apoyo al Gobierno y contra el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo, que oficializó en un video el 7 de marzo en que dijo: “Entonces, participen”.
Después, Bolsonaro negó haber incentivado esas marchas.
Además, el diputado añade las declaraciones de Bolsonaro contra la periodista Patricia Campos Mello del diario Folha de Sao Paulo, a la que atacó insinuando que quería favores sexuales a cambio de exclusivas.
Además de la orden dada a las Fuerzas Armadas para que se conmemorara el aniversario del golpe militar de 1964.
El diputado reconoce que hay muchos más hechos que podrían configurar un delito de responsabilidad, pero que se limitó a esos para facilitar la comprensión de la denuncia.
Entre esos otros hechos destaca los “vínculos de la familia del presidente con las milicias (grupos parapoliciales violentos que dominan amplias regiones a través de la extorsión) del estado de Río de Janeiro (sureste)”.
También se hace mención al hecho de que el pasado fin de semana Bolsonaro compareció a una de las manifestaciones en favor del Gobierno y tuvo contacto físico con varios manifestantes a los que saludó, algo considerado irresponsable por muchos especialistas porque el presidente podría tener el coronavirus COVID-19.
Una vez presentada la petición, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, debe decidir si procede o no llevarlo a votación.
En caso de que dé luz verde al proceso, se crearía una comisión especial para tratar el caso, que elaboraría un informe que debería ser aprobado por mayoría absoluta en la cámara y en el Senado; solo entonces empezaría formalmente el proceso de impeachment.
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