Ante la inoperancia del estado para hacer cumplir la ley tres dirigentes habían iniciado un proceso de recuperación de los territorios indígenas ocupados en el sur de Costa Rica, hoy solo uno de ellos está vivo, Pablo Sibar, quien ha visto cómo el incumplimiento de las medidas cautelares en los territorios de Salitre y Térraba solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitieron el asesinato de Sergio Rojas en marzo del 2019 y de Jhery Rivera el pasado febrero a manos de terratenientes organizados que han continuado con la violencia, asociaciones de derechos humanos llaman a exigir la intervención del Gobierno.
Una serie de denuncias presentadas ante la Defensoría de los Habitantes evidenciaron una campaña de amedrentamiento en contra de defensores de derechos humanos y organizaciones que apoyan la recuperación territorial, la provocación de incendios y amenazas de muerte directas.
Las amenazas de muerte han sido dirigidas a siete personas de distintas organizaciones, especialmente para los dirigentes de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsó y su representante en los territorios Gustavo Oreamuno y los líderes Indígenas.
De no mediar las medidas para resguardar la seguridad de los dirigentes indígenas y de los defensores de derechos humanos este conflicto podría escalar una situación aun peor, en la que incluso grupos paramilitares armados podrían estar tomando control de los territorios indígenas del sur de Costa Rica.
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