(08/01/20 - Gestión Macri, Deuda Externa)-.El gobierno de la alianza neoliberal conservadora Cambiemos, no solo dejó una exorbitante deuda externa con acreedores privados, entre ellos el Fondo Usurero INternacional (FMI) sino también con organismos multilaterales como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y UNICEF.Al fin y al cabo pareciera ser que las únicas deudas que la administración derechista estaba interesada en honrar era la que se tenía con los fondos buitres (¿afinidad o interés por ser parte?).
La comprometedora deuda que la gestión PRO generó con acreedores externos como el FMI no es la única, sino que también lo hizo en el vínculo diplomático del país con el mundo: Cancillería informó que el macrismo le dejó a Albero Fernández deudas con la ONU, la OMS y la UNESCO, entre otros, por un equivalente a $9.500 millones correspondientes a 2017, 2018 y 2019.
No solamente se dejó un violento pasivo con organismos multilaterales de crédito, como el FMI, y otros acreedores internacionales, sino que también esa práctica se extendió a los vínculos diplomáticos de la Argentina con el mundo, a contramano del slogan de Cambiemos que ubica a esto último como un logro de su gestión. Es que Mauricio Macri dejó deudas por USD 150 millones con la ONU y otros reconocidos entes de carácter global y regional.
Según un informe oficial de Cancillería y un artículo de Clarín, Macri y la administración de las relaciones exteriores de Jorge Faurie dejaron cuotas impagas con la ONU, la UNESCO, la OMS y la OIT, entre otros, por USD 151 millones, monto que en moneda local equivale a $9.500 millones. Del detalle surge que se trata de la suma de la falta de pago correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Es por cuotas impagas por membresías en la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y, entre otras entidades, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Además, tampoco se pagó lo correspondiente a la Corte Penal Internacional (CPI), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), el Fondo Fiduciario General del Convenio de Rotterdam, la Asociación de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, y el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Internacionales. También hay deudas a nivel regional, como las acumuladas con Parlasur, el Instituto Social del Mercosur, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
La herencia externa, de impacto diplomático respecto de la imagen y la relación del país con el mundo, fue uno de los rojos que encontró Felipe Solá cuando se instaló en el Palacio San Martín e hizo un diagnóstico de la gestión de Faurie, su antecesor.
Además de los USD 151 millones de dólares, corren, así y todo, los intereses por lo pendiente. "La morosidad afecta la representación de Argentina en los organismos" apuntaron en Cancillería. Según explicaron, durante esos ejercicios 2017, 2018 y 2019 solamente se hicieron "pagos mínimos para evitar sanciones", pero la deuda se acumuló.
Según dijo el entorno de Solá a Clarín, se interpreta como "una muestra de que la gestión Macri en política exterior sólo se sustentó en el marketing". En esa línea, precisaron un caso emblemático: Naciones Unidas. "Mientras Macri hablaba en la ONU de que buscaba una inserción inteligente de Argentina en el mundo, dejaba impagos los compromisos internacionales asumidos incluso con el propio organismo donde exponía", apuntaron.
Las membresías que abonan los países miembros de organismos internacionales son para el funcionamiento de los mismos y si dejan de hacerlo pueden perder su representatividad y el derecho a voz y voto.
El anteúltimo día hábil del año, a través de la decisión administrativa 03/19, el jefe de Gabinete dispuso una modificación presupuestaria para ordenar el pago de parte de la deuda. Es un desembolso de 40 millones de dólares para, dicen en Gobierno, "empezar a reducir la brecha de lo adeudado".
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