En su dictamen se apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
En su presentación a la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió compulsar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia Maldonado que podrían ser de interés para la causa.
Todo comenzó con una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que advirtió que funcionarios del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, "un plan organizado para llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios" de poderosos.
En la denuncia, la APDH destaca la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.
En tal sentido, expuso cómo, a su criterio, los funcionarios del Ministerio de Seguridad utilizaron de forma ilegal y excediéndose en sus facultades la figura de flagrancia, apuntando así a una resolución violenta de los conflictos que terminó en muchos casos, en fatalidades; para luego intentar influir en las investigaciones en curso y así sustraerse de su responsabilidad y la de otros miembros de las fuerzas de seguridad en ellos.
Por otro lado, se agregó que la planificación ilícita tendría también una intención de disciplinamiento del resto de la sociedad, especialmente de aquellos sectores que no concuerdan con el poder de turno.
Además, se delimitó la pesquisa a establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de las actuaciones presuntamente irregulares por ellos promovidas, “han utilizado los recursos estatales a su disposición para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad en las mismas así como las de miembros de las fuerzas de seguridad e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos acaecidos”.
Finalmente, el Fiscal Federal sugirió a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, María Eugenia Capuchetti, la realización de distintas medidas de prueba, entre las que se encuentran distintas declaraciones testimoniales, la recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.
Como la pesquisa se encuentra orientada a investigar la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos vinculadas con la utilización por parte de un grupo de funcionarios del poder coercitivo estatal de forma arbitraria y con el objeto de cercenar otros derechos constitucionales, el fiscal estimó que se encuentran dadas las condiciones previstas para tener por querellante en la causa a la APDH.
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