Ayala, en noviembre de 2015, disparó con la intención de matar al joven Lucas Cabello, vecino de La Boca.
La querella de Lucas y su familia, representada por la abogada Gabriela Carpineti, pidió que el uniformado sea condenado a 20 de prisión y requirió que se produzca la detención preventiva inmediata, antes de que el TOC N° 1 de a conocer la sentencia.
También solicitó al Tribunal la inhabilitación perpetua para Ayala en la portación de armas y el ejercicio como funcionario de seguridad público o privado en cualquier tipo de tareas, incluso administrativas.
Previo a la exposición de los alegatos declaró un vecino de Lucas que vivía frente a su casa en la calle Martín Rodríguez al 500 y relató que pudo oír las detonaciones de los tres disparos del agente Ayala. Además, narró el momento en que los vecinos salieron a auxiliar a Lucas, una vez perpetrado el hecho de violencia institucional.
La abogada recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones en diciembre de 2015 calificó al hecho como “tentativa de homicidio agravado por la condición del imputado de ser miembro de una fuerza de seguridad” y señaló en esa misma resolución que el accionar de Ayala implicó “una gravísima violación a los derechos humanos”.
De esta manera, Carpineti explicitó que durante la etapa de debate, cuatro años después, los testigos fueron congruentes y concordantes entre sí sobre cómo ocurrieron los hechos. Y que por esto, consideró en su argumento, durante el juicio se ratificó la resolución de los camaristas y se dio por probado lo sostenido en dicho fallo.
“Los dos son pibes jóvenes que pueden tener más cosas en común de las que creen. Pero al momento de los hechos no estaban en condiciones de paridad – explicó la abogada querellante.- Uno abusó de su poder en la confianza que le da el Estado y la ciudadanía como policía para portar un arma. El otro, un ciudadano de a pie que estaba desarmado, recibió tres disparos por parte de un funcionario público”.
En esta misma dirección la abogada elogió la lucha por su salud entablada por Lucas, que mencionó fundamental para el proceso penal contra el policía porque aportó, a través de su supervivencia, la principal prueba testimonial. Cabe recordar que su declaración fue registrada casi un año antes del comienzo del juicio. Por la gravedad del estado físico de Lucas, que de haber empeorado no podría haber declarado, el Tribunal autorizó la filmación de su testimonio y se incorporó al debate en formato de video. Gracias a la fuerza de voluntad y el acompañamiento de su familia, Lucas está pudiendo asistir a todas las audiencias con una entereza y dignidad que muestran sus ganas de vivir. Y de ver que se haga justicia, que Ayala tenga una condena que sirva de ejemplo a otros casos de violencia institucional sobre pibes que no sobrevivieron para denunciarlo.
Respecto a este contexto de violencia policial contra los pibes de los barrios humildes, Carpineti desarrolló un detallado argumento sobre el caso de Lucas como precursor de una escalada de casos de gatillo fácil en los últimos cuatro años. Aportó datos de CORREPI para entender que el intento de asesinato de Lucas Cabello no es un hecho aislado sino que responde a un sistemático accionar de abuso de poder de las fuerzas de seguridad y un incremento de la vigilancia militarizada en barrios populares como los de la Comuna 4. Además, explicó, que están en permanentes conflictos habitacionales con el IVC y que la precariedad de las viviendas, el hacinamiento, son parte de las dificultades de convivencia entre vecinos. Que para Carpineti no justifican una desmedida intervención de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura.
En la audiencia estuvieron presentes la representante del Ministerio Público Fiscal Adriana García Netto, el abogado de parte Adrián Albor y el letrado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Ataliva Dinani, que expondrán sus alegatos en la próxima audiencia del jueves 14 de noviembre en el Palacio de Tribunales.
Fuente: La Retaguardia
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