(24/08/19 - Gestión Macri, Negocios de Familia)-.El juez Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados a los que ya indagó: el ministro Oscar 'Milico' Aguad (foto), Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher.
La Cámara Federal porteña avaló la investigación del juez Ariel Lijo en la causa por irregularidades en el pago de deudas de Correo Argentino al Estado nacional. Es decir, la familia Macri en ambos lados del mostrador.
El tribunal de apelaciones confirmó los rechazos a los planteos de nulidad y los planteos de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Tras el fallo de la Cámara, Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados: el ministro Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y del abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
Los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.
“Existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, sostuvieron Bruglia e Irurzun.
Los cuatro imputados fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino SA, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa" que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA".
La Cámara Federal porteña avaló la investigación del juez Ariel Lijo en la causa por irregularidades en el pago de deudas de Correo Argentino al Estado nacional. Es decir, la familia Macri en ambos lados del mostrador.
El tribunal de apelaciones confirmó los rechazos a los planteos de nulidad y los planteos de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Tras el fallo de la Cámara, Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados: el ministro Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y del abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
Los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.
“Existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, sostuvieron Bruglia e Irurzun.
Los cuatro imputados fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino SA, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que "se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa" que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados "obligaron abusivamente" a la Administración Pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA".
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