La formación morada, presidida por Pablo Iglesias, ha rechazado este jueves una declaración institucional del Congreso de los Diputados de España, promovida por Ciudadanos, a favor del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, so pretexto de que los diputados de este órgano sufren de “intimidaciones, abusos de poder y violaciones de sus derechos como parlamentarios”.
La iniciativa pretendía dar crédito a la denuncia de las Naciones Unidas sobre supuestas “violaciones de los derechos humanos” y salir adelante con los votos más que asegurados de Ciudadanos, Partido Popular (PP) y el de ultraderechista Vox.
El 5 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano declaró a la AN, de mayoría opositora, en desacato por hacer caso omiso a una sentencia emitida por el órgano judicial máximo de no juramentar a diputados por haber incurrido en delitos electorales.
A quien menos le interesa la situación de Venezuela es a quien la utiliza sistemáticamente para política interior y en eso PP y Ciudadanos tienen mucha experiencia”, subrayó la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra (foto), en referencia a un debate para aprobar una declaración institucional en el Parlamento español en apoyo a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en desacato desde 2016.
En el texto, presentado por la formación naranja para su aprobación institucional, se destacaba que “los diputados españoles no podemos mirar hacia otro lado cuando las Naciones Unidas denuncian de forma tan clara el abuso de poder por parte de un Ejecutivo contra el poder Legislativo”.
El escrito hacía referencia a un informe encargado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, el cual sostiene que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido supuestas “graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
El origen de esta iniciativa la fraguó Ciudadanos ayer miércoles cuando la portavoz de este partido en el Congreso, Inés Arrimadas, se reunió con Antonio Ecarriel, representante en España del golpista presidente de la AN y autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó.
El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, reconoció en enero que Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, tenía la potestad de convocar elecciones presidenciales. Una medida que enfrentó el rechazo de los partidos progresistas Podemos e Izquierda Unida.
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