Para Carlos Enrique Gallone (comisario inspector retirado de la Policía Federal, detenido, cumple una condena a perpetua por la Masacre de Fátima) se solicitó ampliar la acusación por delitos sexuales y que se agregue el agravante en los tormentos por ser las víctimas perseguidas políticas.
Para Fausto José Mingorance (integró la Policía Federal, suelto), Rafael Oscar Romero (comisario inspector retirado de la Policía Federal, suelto) y Juan Manuel Grosso (integró la Policía Federal, suelto) se pidió que al delito de secuestro se le agregue el de tormentos agravados, porque se cometieron contra un grupo específico de militantes sociales y políticos.
Además está siendo juzgados Raúl Antonio Guglielminetti (ex agente civil del Inteligencia del Ejército, detenido, cumple varias condenas), acusado por el delito de homicidio.
“Para todas las que fuimos víctimas es sumamente importante porque muchas de nosotras lo veníamos denunciando. Fue un proceso muy largo y creo que una de las partes que más costó, incluso para nosotras mismas, fue poder ponerlo en palabras, visibilizar esta situación. Siempre se daba como por entendido que dentro de la tortura era una parte más, pero no se podía visualizar todo lo que esto significaba, todo lo que fueron los abusos, el acoso permanente. Era algo que me había marcado muchísimo”, sostuvo Fátima.
“Estamos siendo parte de esa historia que lleva a los juicios y no dejamos de pedir Memoria, Verdad y Justicia; y, por otro lado, marcando los nuevos avances que tenemos como mujeres, como sociedad, y que se puedan visibilizar en esos juicios de lesa humanidad, realmente me conmueve”, agregó la sobreviviente. “Una siente que es parte de hacer justicia en un hecho tan terrible”, afirmó.
“Para mí fue como reconstruir una parte de mi historia durante el juicio, porque muchas veces escuché por primera vez hablar a compañeros que estuvieron en esa situación, pero después nunca nos vimos, nunca pudimos intercambiar nada, entonces eso también pasa a ser una reconstrucción. Pero, por otro lado, poder escuchar en esos fundamentos para ampliar, parte de los testimonios y también un listado con el que se iba nombrando una a una a todas las víctimas, también a nuestras compañeras desaparecidas, fue fuertísimo, porque es lo que nosotras siempre decimos, no es una cuestión reivindicativa propia de cada víctima: estamos hablando como testigos por nuestros compañeros y compañeras”, contó Fátima Cabrera.
“Ampliamos la acusación respecto de algunos imputados porque identificamos que varios hechos que ocurrieron dentro de Coordinación Federal eran situaciones específicas de abusos sexuales y en concreto de violaciones que no estaban visibilizadas como tales ni en los requerimientos de elevación a juicio ni en las indagatorias que se habían tomado en la instrucción”, sostuvo la fiscal Ramos.
“A lo largo de las audiencias, cada una de las víctimas y sobrevivientes nos han podido contar y relatar en primera persona lo que vivieron y muchos otros, que también pasaron por allí, pudieron relatar lo que presenciaron respecto de lo que a otras víctimas les ocurrió allí”, agregó Ángeles.
“Se trató de prácticas muy concretas y definidas de abusos sexuales y de violaciones, que en su totalidad eran generadas por los guardias que estaban a cargo de la custodia de estas personas que estaban privadas ilegalmente de la libertad, que estaban secuestradas, eran prácticas que ocurrían en un ámbito muy pequeño dentro de este tercer piso de Coordinación Federal, es decir que todos sabían lo que ocurría ahí, porque todo se escuchaba, se sentía, se percibía por quienes además estaban la mando y dirigían este centro clandestino de detención”, remarcó Ramos. “En todos los casos fueron víctimas mujeres”, añadió la titular de la Procuraduría.
“Estamos tratando de generar conciencia de género y que se visibilice lo que verdaderamente ocurrió y por eso es que tenemos una política criminal orientada a ampliar la acusación en todos los casos donde detectemos este tipo de prácticas, que son distintas de los tormentos y que durante muchísimos años fueron asimiladas como tales”, planteó la fiscal.
“En líneas generales, en todos los casos en los que se ha podido avanzar en este sentido, es positivo para las víctimas”, afirmó Ángeles Ramos.
Particularmente, Gallone tiene una historia pública con una foto con la que intentó limpiar su imagen, en pleno genocidio. El 5 de octubre de 1982, las Madres de Plaza de Mayo realizaban la Marcha por la Vida: iban hacia la Casa Rosada a reclamar por los miles de detenidos-desaparecidos. Sin contexto, la foto en la que Gallone abraza a Susana De Leguía, una madre de Plaza de Mayo, parece ser la de un policía conmovido con esa mujer. Sin embargo, se trata de un genocida simulando un abrazo con un familiar de una víctima del terrorismo de Estado.
Clarín y la mentira en la tapa
El 6 de octubre de 1982, con la dictadura cívico-militar todavía vigente, Clarín publicó en su tapa la foto. “En la foto, un oficial de la Policía consuela a una de las asistentes”, decía el texto que la acompañaba. Pero no era un abrazo: el genocida Gallone era increpado por las Madres de Plaza de Mayo y simuló la escena para las cámaras. El fotógrafo fue Marcelo Ranea. “Se produjo una escena de tensión entre Susana De Leguía, la madre que es abrazada, y el oficial Gallone, cuyo nombre yo ignoraba en ese momento”, dijo Ranea. En la secuencia se puede ver a la mujer reclamando ante el policía. Tiempo después, Gallone fue condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la Masacre de Fátima y ahora es juzgado nuevamente por su participación como policía en el centro clandestino Coordinación Federal.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6, integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero. Las audiencias se realizan los jueves desde las 10:00 en Av. Comodoro Py 2002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El centro clandestino Coordinación Federal funcionó en el edificio ubicado en Moreno 1414, en la Ciudad de Buenos Aires.
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