Esta decisión permitiría que el ex mandatario condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero pueda pasar en septiembre a un régimen de reclusión semiabierto o a arresto domiciliario.
Lula, de 73 años y máximo líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), está preso en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde el 7 de abril de 2018.
En dos instancias judiciales anteriores, fue hallado culpable de haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de garantizar a la compañía jugosos contratos con la petrolera estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010).
El ex presidente siempre se declaró inocente y alegó que las acusaciones contra él eran parte de una persecución política para impedir que la izquierda regresase al poder.
Según el Código Penal, una vez cumplido 1/6 de su sentencia, los condenados tienen derecho a pedir la progresión de su pena, por lo que ahora -a no ser que haya otras novedades judiciales- a partir de septiembre Lula podría ya solicitar cambiar a un régimen semiabierto (trabajar fuera de la cárcel y volver para dormir) o incluso a prisión domiciliaria.
Esta es la primera vez que el caso, que polarizó a la opinión pública brasileña, fue juzgado por una corte superior.
En el marco de la Operación Lava Jato, en julio de 2017, el juez federal Sergio Moro, en Curitiba, había sentenciado a Lula a nueve años y seis meses de cárcel.
Los abogados del popular ex mandatario apelaron, pero en enero de 2018 el Tribunal Regional Federal de la 4ª región, en Porto Alegre, confirmó el fallo original y aumentó la pena a 12 años y un mes. Esta tarde, tres de los cinco magistrados que integran la quinta corte del STJ ya votaron a favor de disminuir el tiempo de reclusión de Lula; faltaba aún que se expresara el cuarto juez, mientras que el quinto miembro del tribunal se abstuvo de participar en la decisión por conflicto de intereses.
“En cuanto al crimen de corrupción pasiva, en lo que se refiere a las circunstancias descritas en el artículo 59 del Código Penal, no verificó ilegalidad o arbitrariedad en la valoración negativa de las cuatro circunstancias judiciales: culpabilidad, circunstancias, motivos y consecuencias de los crímenes considerados por el ilustre tribunal de origen. Con todo, dado el exceso, reduzco el nivel estipulado por la ilustre corte”, señaló el juez relator del caso, Félix Fischer, quien marcó el rumbo de la decisión colegiada del STJ.
La defensa de Lula había interpuesto su recurso ante este tribunal para anular la condena o reducir la pena, con el argumento de que el Ministerio Público nunca presentó pruebas ni de que el departamento en cuestión fuera de Lula ni de que el ex presidente buscó beneficiar específicamente a OAS con los contratos de Petrobras.
Los abogados resaltaron además que Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero por un mismo acto y, por eso, la pena debería ser al menos reducida.
Asimismo, subrayaron que las decisiones judiciales tuvieron un objetivo político: evitar que Lula pudiese volver a la Presidencia en las elecciones de octubre de 2018, para las cuales era el candidato favorito. Apuntaron que la motivación política quedó en evidencia cuando el ganador de aquellos comicios, el actual mandatario Jair Bolsonaro, designó al ex juez Moro como su ministro de Justicia y Seguridad Pública.
La decisión del STJ aún puede ser apelada por el Ministerio Público. Este es el juicio contra Lula que más rápido avanzó, pero el expresidente aún está procesado en otras siete causas que esperan sentencia.
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