El proceso político de militantes de Montoneros iniciado en 1979 (tanto por exiliados como por quienes se habían quedado en el país) fue objeto de una brutal persecución y represión desplegadas especialmente por la inteligencia militar de Campo de Mayo, cuyas más altos responsables ahora están siendo juzgados.
En diálogo con ANDAR, una de las fiscales del juicio, Gabriela Sosti, afirmó que “a la inteligencia militar y, en general, a la ‘comunidad informativa’, nunca se la enfocó judicialmente como en esta causa”.
Tres días antes de que dictaran la primera condena por los crímenes cometidos en La Tablada, los magistrados del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín abrieron un nuevo e importante capítulo hacia el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar: varias de las máximas autoridades que coordinaron la “comunidad informativa” del plan de exterminio oyeron las imputaciones en su contra por los crímenes cometidos contra militantes de Montoneros que participaron de la Contraofensiva.
En efecto, entre 1979 y 1980 la represión articuló, respecto a ese proceso político, áreas del Destacamento de Inteligencia 201 del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; del Batallón 601 de Inteligencia de Campo de Mayo; del Departamento de Personal del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo; y de la Jefatura 2 de Inteligencia, brazo máximo de las tareas de persecución y directamente vinculada al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
En este juicio hay 9 imputados y, entre ellos, dos -Jorge Norberto Apa y Raúl Muñoz- que recientemente recibieron condenas máximas en el juicio por el crimen de Ana María Martínez, la militante del PST que fuera secuestrada, desaparecida y luego asesinada en febrero de 1982.
“A la inteligencia militar y, en general, a la ‘comunidad informativa’ (nombre que designa la articulación, sistematización y coordinación entre todas las agencias de inteligencia de la dictadura, tanto de fuerzas armadas como policiales y penitenciarias) nunca se la enfocó de manera tan clara como en esta causa. De los 9 imputados, 8 respondían orgánicamente a la Jefatura 2 de Inteligencia adonde confluían todas las operaciones para el diseño del plan de exterminio”, señaló a ANDAR la fiscal federal Gabriela Sosti, quien junto al fiscal Marcelo García Berro representan al Ministerio Público Fiscal en el juicio.
Sosti destaca la cantidad y la minuciosidad descriptiva de los informes de inteligencia que integran el material probatorio para este juicio, muchos de los cuales fueron aportados por esta CPM desde el archivo de la DIPPBA que el organismo preserva y gestiona: “En los documentos queda claro cómo se producía la información, cómo se la enunciaba y sistematizaba, y cuáles eran los modos operativos de procesar y jerarquizar esa información que daba lugar al seguimiento y secuestro de las víctimas”, explicó.
El expediente contempla 94 casos de víctimas y más de 250 testigos que, desde el martes 16 de abril, comenzarán a declarar ante los jueces Alejando De Korvez, Matías Alejandro Mancini y Esteban Carlos Rodríguez Eggers. Dada la magnitud del listado de testigos y el establecimiento de una sola audiencia semanal para el desarrollo del juicio, se prevé su finalización hacia mediados del año próximo.
En cuanto a los delitos que se ventilarán, se incluyen privaciones ilegales de la libertad agravadas por tormentos, homicidios agravados, allanamientos ilegales y abusos deshonestos, con la particularidad de que no todos fueron cometidos en territorio nacional sino que hubo casos en los que las tareas de seguimiento y secuestro fueron directamente ejecutadas en otros países.
Tal es el caso de Horacio Domingo Campiglia y Mónica Susana Pinus, quienes fueron secuestrados el 12 de marzo de 1980 en el aeropuerto de Río de Janeiro. También se juzgarán los secuestros realizados en Lima, Perú, de las víctimas María Inés Raverta, Julio César Ramírez, Noemí Gianotti de Molfino y su hijo Gustavo Molfino.
“Otro de los aspectos importantes de este debate oral es que, en virtud de la función pedagógica de los juicios por crímenes de lesa humanidad, promoverá una relectura de la historia o reconstrucción social de lo ocurrido en la Contraofensiva: frente al sentido común de una acción alocada y no planificada, se vislumbrará la acción libre y la decisión política de una militancia en el marco de un plan de resistencia frente al terrorismo de estado”, destacó Sosti.
La representante del Ministerio Público valora, respecto a la primera audiencia del juicio realizada el martes 9 de abril, que el tribunal haya decidido rechazar el pedido de las defensas de los imputados para que sus asistidos no tuvieran que presenciar las audiencias: “El planteo fue realizado de una manera como si la asistencia al debate no fuera una obligación procesal. Fue un intento por desvirtuar y quitarle valor a estos juicios y por eso yo me opuse, así como también las querellas”.
“Por eso la decisión de rechazar ese pedido, además de la sentencia dictada días después en el juicio por uno de los crímenes cometidos en La Tablada, son datos más que auspiciosos respecto a nuestra mirada sobre este tribunal”, agregó.
Otra de las decisiones tomadas en la primera audiencia por parte del TOF 4 de San Martín fue la aceptación del pedido de las querellas y de fiscalía respecto a la posibilidad de que tanto los familiares de las víctimas así como los propios querellantes puedan participar de todas las audiencias que contemple el juicio.
En este sentido, el abogado de una de las querellas, Pablo Lachener, argumentó que estos “son juicios que reparan. Eventualmente, una condena no modifique la realidad de algunos imputados, pero sí cambia el sentido reparatorio para las víctimas. Si uno se atiene al rigorismo formal del Código, puede ser que una víctima o un familiar que estuvo esperando esto durante 40 años lo citen a declarar el anteúltimo día de audiencias, y se pierda todo el juicio”.
ANDAR
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