Fernández Garello está imputado, junto a otros ex agentes de la DIPPBA, por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres militantes comunistas. La CPM reitera al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires y a la Suprema Corte provincial el pedido de inmediata suspensión en su cargo.
En el dictamen de su procesamiento, el Juzgado en lo Correccional y Criminal 2 de San Martín imputa a Fernández Garello como partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público e imposición de tormentos infringidos por un funcionario público agravados, dado que se trataba de perseguidos políticos. La misma decisión alcanzó a Jorge Norberto Apa, Daniel Ríos, Daniel Camarotta, Ricardo Coronel y Guillermo Ornstein.
Conforme surge de la causa, una comisión conformada por personal policial y militar detuvo a tres militantes comunistas en sus domicilios y los trasladó a la Brigada de Investigaciones III de Caseros, que funcionó como centro clandestino de detención (CCD). Allí permanecieron detenidos y fueron interrogados. Fernández Garello participó de esos operativos. Los objetivos de estos operativos e interrogatorios fueron estrictamente políticos: forzaron a las víctimas mediante procedimientos no asentados, pero bien conocidos como “interrogatorios de inteligencia”, los que en la mayor parte de los casos implicó la tortura física y psicológica, obligando a suministrar información sobre personas que luego serían objeto del accionar represivo.
La jueza afirmó que Fernández Garello “deberá responder en calidad de partícipe necesario, ya que ha realizado un aporte, que si se suprimiera hipotética y mentalmente, los acontecimientos enjuiciados no se podrían haber llevado a cabo de la manera en que acontecieron (…) Es por todo esto que deberá responder como partícipe necesario por la acreditación de estos hechos, con una atribución objetiva y subjetiva por haber tenido conocimiento y voluntad en la realización de esas acciones típicas, obrando con dolo directo en todos los casos”. Además ordenó trabar un embargo sobre los bienes del Fiscal General o en dinero hasta cubrir la suma de 300.000 pesos.
Las acciones de inteligencia fueron constitutivas del plan de exterminio y del modus operandi del terrorismo de Estado, y la delegación de la DIPPBA—San Martín fue parte central. La CPM viene sosteniendo la necesidad de condenar estas acciones imprescindibles para consumar el genocidio. Esta es una deuda de la democracia.
La decisión de la justicia de San Martín de procesar al actual fiscal general de Mar del Plata obliga a los distintos poderes del Estado a tomar medidas urgentes para impedir que continúe en su cargo. Un procesado por crímenes de lesa humanidad no puede ser funcionario de la democracia. La valentía y el compromiso de avanzar con estas causas nos harán una sociedad más justa y democrática.
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