El 9 de junio fue la fecha fijada para la contienda pero esto incumple el plazo mínimo para confeccionar los padrones que estarán listos un mes después de la elección.
Los comicios costarán entre 140 y 250 millones de pesos pero se desconoce cómo se financiará este gasto. ¿Quién es Titina Falcone, actual presidenta del Tribunal Electoral, denunciada por apropiación de menores? “En Jujuy ya estamos en presencia de un fraude electoral”, asegura la diputada provincial Alejandra Cejas.
Por primera vez en 24 años –y segunda desde el retorno de la democracia—Jujuy desdoblará las elecciones presidenciales y de legisladores nacionales de las de Gobernador y diputados provinciales. La decisión la adoptó Gerardo Morales el pasado 8 de marzo, poco menos de dos meses después de la reunión que mantuvo con su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el presidente Mauricio Macri que, en vano, intentó convencerlos de no desdoblar los comicios. La fecha elegida por el mandatario jujeño es el 9 de junio.
Sin embargo, en el caso de Jujuy, el gobierno está incumpliendo con el Código Electoral de la provincia que establece que tres meses antes de la elección se deben exhibir los padrones electorales que aún no están confeccionados. De hecho, los definitivos recién estarán casi un mes después de la fecha fijada por el Gobernador.
La diputada provincial Alejandra Cejas presentó una acción de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia. El ex diputado radical y ex candidato a vicegobernador por la UCR, Federico Otaola, nombrado como juez por el propio Morales, declaró que el máximo órgano del Poder Judicial es incompetente y derivó el expediente a la Justicia Electoral. La presidenta de dicho Tribunal es Clara Langhe de Falcone, designada Presidenta del STJ en la gestión Morales y ex diputada radical. Ella es quien debe decidir si hace o no lugar a la presentación de la oposición. “Esta situación de no contar con los padrones en los plazos que exige el Código de por sí constituye un fraude electoral”, aseguró Cejas.
A través del decreto 8840/19, Gerardo Morales convocó a elecciones de cargos provinciales y municipales para el 9 de junio. En el propio decreto indicó que “resulta necesario utilizar para el acto eleccionario en cuestión el Padrón Nacional”. El artículo 16 del Código Electoral provincial establece que el Tribunal Electoral debe exhibir el padrón provisorio tres meses antes de las elecciones y por un período de 15 días y, luego del período de tachas y observaciones, según el Artículo 19 de la misma normativa, debe imprimir el registro definitivo, es decir, las listas de electores depuradas, sesenta días antes de la elección. Sin embargo, según el Cronograma Nacional Electoral, el cierre del padrón provisorio y fecha límite para la inclusión de novedades registrales es el 30 de abril, apenas 41 días antes de la elección en Jujuy. Además, la publicación de ese padrón provisorio recién está prevista para el 10 de mayo, es decir, un mes antes de los comicios. Como si fuera poco, el padrón definitivo nacional será impreso el 12 de julio, es decir poco más de un mes después de la elección. La pregunta es qué pasará con todos aquellos que desde el cierre de los padrones del 2017 cumplieron los 16 años y qué sucederá con todos aquellos que fallecieron en ese período de tiempo, por señalar solo algunas cuestiones.
En ese contexto, la diputada Cejas aseguró: “Los padrones electorales forman parte de las herramientas básicas, es uno de los elementos constitutivos de la convocatoria a elecciones. El 8 de marzo deberían haber estado listos y no pueden decir que Nación los hace porque la decisión es provincial y es llamativo el silencio de Gerardo Morales y de toda su gente porque saben que están cometiendo no solo un acto ilegal sino un fraude. ¿A quién convocan si no hay padrón electoral? Esta garantía es justamente para los que no formamos parte del gobierno. No podemos hablar con nadie porque no sabemos quién vota y quién no”.
¿De dónde sale la plata?
En relación con los gastos que implica el acto eleccionario, el decreto también establece que “las erogaciones que demande la presente convocatoria a elecciones se atenderán con afectación a las partidas respectivas, previstas en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente”. Sin embargo, en el Presupuesto 2019 aprobado no hay ninguna partida para tal fin según lo aseguró la diputada Cejas en la presentación que realizó ante la justicia y lo confirmó Gastón Remy, economista del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Jujuy. Desde Nuestras Voces consultamos sobre la cuestión a la Secretaría de Prensa del gobierno del diálogo y la transparencia; al Ministerio de Economía de la provincia, y al Tribunal de Cuentas. En ningún caso obtuvimos respuesta de dónde provendrán las partidas para financiar la elección ni el gasto que implicará el desdoblamiento.
“Que quede claro: no hay partidas previstas en la ley 6113 -Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos”, aseguraron Cejas y quienes la acompañaron en la presentación realizada ante el STJ. Y agregaron: “El costo de la elección se calcula entre los $ 140 y 250 millones. Es decir que al déficit previsto en el año 2019, hay que sumarle, mínimamente, $ 140 millones. Y hay que financiarlo con más crédito. Las matemáticas no mienten”. En ese sentido, en el escrito recordaron el Artículo 81 de la Constitución Provincial que establece que la legislatura puede autorizar mediante ley especial por el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros a contraer empréstitos. Una normativa a la que el Gobierno no se apega con rigurosidad tal como sucedió con los bonos verdes para el Parque Solar Cauchari, que fueron aprobados sin la mayoría prevista en la Carta Magna.
Otra posibilidad para financiar las elecciones ante la falta de partidas específicas asignadas en el Presupuesto es la reasignación de recursos ya previstos para otros gastos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué vía elegirá el Poder Ejecutivo.
Independientemente del origen de los fondos, desde la oposición también criticaron el gasto que implicará el desdoblamiento. En ese marco, Juan Cardozo, diputado provincial por el PJ en la Cámara de Diputados señaló: “Según un estudio que tengo, el costo de las elecciones rondará los 200 millones de pesos. En medio de la crisis social y económica que estamos viviendo, donde le han ofrecido a los docentes un 10 por ciento de aumento, cuando en Salta cerró en un 38 por ciento, cuando le están pagando menos de siete pesos a los comedores infantiles y a algunos se les adeuda hasta diez meses, mientras prometieron hacer escuelas y jardines de infantes y hasta ahora no han inaugurado uno solo que hayan hecho ellos, porque hasta ahora han inaugurado obras que habían sido licitadas y comenzadas durante el gobierno anterior. En ese marco social y económico, el gobierno de Gerardo Morales prioriza un interés ni siquiera político, sino personal respecto del interés general de todos los jujeños”. Gastón Remy, en esa misma línea criticó que mientras tanto “el gobierno autorizó un aumento del 20 por ciento de las dietas de los diputados que cobrarán 14 mil pesos más, pero a los maestros solo les dieron 1500 pesos de incremento, y las condiciones de vida de los trabajadores y de los jubilados se deterioran día a día”.
Las razones de Morales
Otro de los cuestionamientos realizados en el amparo presentado ante el Poder Judicial, está relacionado con el interés personal del gobernador en el desdoblamiento de elecciones. Si bien es potestad del Poder Ejecutivo provincial la definición de la fecha de los comicios locales, lo cierto es que la tradición en Jujuy ha sido ir en forma conjunta y simultánea con la Nación. Uno de los motivos que atribuyen las personas consultadas en relación con esa tradición se refiere justamente al gasto que implica el desdoblamiento en una provincia que se encuentra entre las cuatro con mayores niveles de pobreza del país. En este caso, señalaron los firmantes de la presentación, el Gobernador expresó a los medios de comunicación que la cuestión de la fecha del acto eleccionario, era un asunto de análisis y que obedecía a las razones de la conveniencia electoral de Morales. El medio oficialista Jujuy Online publicó el 18 de febrero: “Morales indicó que la fecha de elecciones para cargos provinciales es un tema de agenda a abordar en el marco de Cambiemos, de acuerdo a la estrategia conjunta a consensuar en el seno de la coalición de gobierno”. “Las motivaciones del Gobernador, que dieron por materializarse en el Decreto de convocatoria a elecciones, respondieron marcada y exclusivamente a la utilidad político electoral, y no al interés general comprometido en el resguardo de los principios y va, señalaron los denunciantes.
El 14 de marzo, el juez del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola declaró la incompetencia del máximo órgano del Poder Judicial para resolver la cautelar presentada en resguardo de los intereses de los ciudadanos jujeños. Entre los argumentos que utilizó señaló que para dar lugar al recurso se deberían cumplir con dos requisitos: “la verosimilitud del derecho que se dice conculcado y el irreparable perjuicio que implicaría la demora del trámite del juicio principal”. A pesar de la claridad del Código Electoral local respecto a los plazos vinculados con la exhibición de los padrones y que el propio Decreto de convocatoria a elecciones indica que se utilizarán los padrones nacionales que recién estarán un mes después de las elecciones locales, para Otaola, “no surge con el grado de probabilidad que corresponde a este tipo de medidas, la verosimilitud del derecho invocada en su libelo inicial”. En relación al plazo, y a pesar que el decreto se dictó apenas un día antes a que comiencen regir los plazos legales que impone la convocatoria, el ex diputado radical también consideró que “con respecto al peligro en la demora y la imposibilidad de ulterior reparación, no se configura en la especie tampoco esa condición, pues para el eventual caso de hacerse lugar a la acción principal, tal como lo refieren los amparistas, la misma será resuelta en plazo exiguo tratándose de una acción de amparo de objeto netamente electoral”.
“El fallo de Otaola no nos sorprende porque es netamente político. Vamos a esperar qué dice el Tribunal Electoral porque tenemos que agotar la vía provincial para irnos a Nación y queremos saber qué dice la presidente del STJ en su rol de Presidenta del Tribunal Electoral. Pero la única verdad es la realidad, no hay padrones electorales. Nos han dejado sin las herramientas básicas siendo oposición para tener elecciones transparentes”, aseguró Cejas.
Titina, la apropiadora
Tras declarar la incompetencia del STJ, el juez supremo ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Electoral, presidido por Clara Langhe de Falcone, más conocida como Titina. Falcone también es ex diputada radical. Está denunciada por los organismos de derechos humanos en su pueblo natal, San Pedro, por apropiación ilegal de un menor. Una causa que duerme en el despacho del fiscal Ernesto Lian Resúa desde hace ya dos años.
En esa ciudad, la segunda más poblada de Jujuy, también fue nombrada como Secretaria de Cultura por el interventor militar José Ramón Diez del Valle, que Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy lo incluyeron entre los represores de la provincia. Tanto Milagro Sala como Juan Manuel Esquivel, diputado del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular, presentaron en 2017 un pedido de juicio político tras descubrirse una serie de mails que fueron publicados por el periodista Horacio Verbitsky en los que junto a Federico Wagner ––integrante del estudio Gil Lavedra que actuaba como apoderado de Morales en el juicio de “los huevos”–– y el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, intentaban coordinar junto con la jueza la presentación de testigos contra Milagro Sala durante la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizaría al país en mayo de ese año.
Falcone fue designada Presidenta del STJ tras la ampliación de la Corte dispuesta por Morales apenas asumió el poder. Verbitsky, junto a Alejandra Dandan y Elizabeth Gómez Alcorta, realizaron una cronología detallada de ese proceso en su libro “La libertad no es un Milagro”. Allí aseguraron: “Lo que a Carlos Menem le había llevado un año en la Nación, Morales lo consiguió en una semana en Jujuy: el 15 de diciembre de 2015 la Legislatura convirtió el proyecto del Ley por 25 a 21, es decir, con la oposición del Frente para la Victoria (…) Entre los 25 votos afirmativos estuvieron los de los diputados radicales Pablo Baca y Beatriz Altamirano. El 16, Morales los designó para integrar el tribunal, junto con el ex candidato radical a la vice gobernación Federico Otaola y su amiga la jueza Laura Lamas. El 17 a las diez de la mañana Baca y Altamirano presentaron su renuncia a la Legislatura, Baca en papel con membrete del bloque radical y ambos con sus sellos como diputados por la UCR. A las 3.36 de la madrugada siguiente la Legislatura les dio el acuerdo, sin que la Comisión de Asuntos Constitucionales, formada de facto por siete diputados del oficialismo, recibiera sus antecedentes. No hace falta, ya que todos nos conocen bien-argumentó Baca”. Y agregaron: “A los cuatro nuevos integrantes se sumaría para constituir el bloque oficialista la recién electa presidenta del tribunal Clara De Langhe de Falcone, que integraba el cuerpo desde la jubilación del juez y escritor Héctor Tizón en 2010”. Además, una vez ampliado el STJ, la Legislatura de Jujuy sancionó otro proyecto del Poder Ejecutivo a través del cual reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y dividió al Tribunal Superior en salas de dos miembros cada una, todas presididas por Langhe de Falcone.
Además de estas transformaciones en el máximo órgano del Poder Judicial de la provincia que fue calificada por integrantes de organismos de Derechos Humanos como el inicio del fin del estado de derecho en la provincia, y a pesar que Morales promovió los concursos para designación de jueces de instancias inferiores, lo cierto es que cuando los que encabezaron el orden de mérito no respondían a sus criterios, designó otros. Tal fue el caso de las juezas Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir que obtuvieron el tercer y sexto lugar en el orden de mérito del concurso correspondiente y juraron en diciembre de 2017. A principios de este año, ambas juezas junto con Alejandra Tolaba –que reprobó los dos concursos a los que se presentó para integrar un tribunal criminal pero que fue designada administrativamente como Presidenta de Trámite— condenaron a Milagro Sala por asociación ilícita.
En este marco, desde la oposición denuncian que el Poder Judicial responde a los intereses partidarios de Morales. “Cuando se designan jueces del máximo órgano del Poder Judicial que vienen de la política tan claramente como los diputados que además votaron su incorporación al Superior Tribunal, a un candidato a vicegobernador, a militantes ex profeso que todavía mantienen algunos su ficha de afiliación no podemos esperar justicia. Ni siquiera podemos esperar una simulación de justicia”, reclamó Cejas. “Nosotros vamos a seguir con esta presentación porque lo que han hecho es ilegal, es irregular. Estamos en presencia de un fraude electoral. En Jujuy no hay justicia, no hay independencia de poderes, ex diputados radicales no nos van a dar justicia sobre un tema eminentemente político”.
Habrá que esperar la definición de la titular del Tribunal Electoral para poder ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ver si allí garantizan lo que establece, nada más y nada menos, que la propia ley.
*Nuestras Voces
Publicar un comentario