En un estudio recogido el jueves por los medios, la organización no gubernamental venezolana (ONG) Sures denunció que las sanciones impuestas contra Caracas atentan contra los derechos humanos de la población civiles del país bolivariano.
“Las sanciones contra Venezuela provienen fundamentalmente de países del norte, que históricamente han sostenido relaciones de dominación, coloniaje y explotación sobre los países del Sur”, señala el informe de la oenegé.
La asociación civil precisa en este sentido que 63% de las mencionadas medidas unilaterales han sido impuestas por parte de EE.UU., es decir, un total de 22 sanciones desde el año 2014. En segundo lugar, se encuentra la Unión Europea (UE) al aplicar 4 sanciones, lo que supone el 11%.
El denominado Grupo de Lima, Canadá, el Reino Unido, Suiza y Panamá le siguen también a Washington y la UE en imponer medidas contra Caracas que, según Sures, impiden al Estado garantizar y proteger al pueblo venezolano, “al tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico y social”.
Las sanciones contra Venezuela provienen fundamentalmente de países del norte, que históricamente han sostenido relaciones de dominación, coloniaje y explotación sobre los países del Sur”, señala un informe de la organización no gubernamental venezolana (ONG) Sures.
De igual modo, el texto destaca la ironía de unas medidas que dicen tener como propósito aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, mientras en realidad han agravado la situación de los civiles.
Agrega que el bloqueo económico y las sanciones han ido aumentado desde el año 2017, en particular, desde la convocatoria, elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y recuerda que el proceso empezó con la aprobación por el Congreso de EE.UU. en 2014, durante la administración de Barack Obama de la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil.
Washington, en su estrategia para sacar de la Presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro y poner en su lugar al autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó, sumó el martes a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) a su lista de sanciones, que ya incluye a la petrolera venezolana PDVSA, arteria principal de ingresos a la República Bolivariana.
De hecho, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, estimó que Venezuela perdería 11 000 millones de dólares anuales en ingresos por exportaciones petroleras a causa de esas restricciones.
Las Naciones Unidas, advirtió el miércoles al respecto, a través de su alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que las nuevas sanciones de Washington “puedan contribuir a una agravación de la crisis económica y repercutir en los derechos humanos y el bienestar del pueblo” venezolano.
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