Este lunes 25 de marzo, un día después de la conmemoración de un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina, comienzan las primeras declaraciones indagatorias a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores y delegados de Acindar en Villa Constitución. Tres gerentes y un directivo de aquella época integran la lista de los citados.
Entre los delitos que se ventilan en la causa, se incluyen secuestros, torturas, allanamientos ilegales y homicidio, en perjuicio de 77 víctimas que habían sido parte de la protesta conocida como “El Villazo”.
Se trata de una causa emblemática por la magnitud de la intervención de fuerzas militares y de seguridad, además de personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical; por haber funcionado en instalaciones de la fábrica el primer centro clandestino del país; y por la importancia que el gobierno de Isabel Perón le otorgó al operativo represivo, al cual llamó “Serpiente Roja del Paraná”.
Se calcula que, durante la noche del 20 de marzo de 1975, más de 4000 efectivos arribaron sorpresivamente a la localidad de Villa Constitución trasladados en una columna de vehículos de más de 2 kilómetros de extensión. Más de 300 personas fueron detenidas durante aquellas horas, y muchas de las víctimas fueron torturadas e interrogadas en el llamado “albergue de solteros” de Acindar, mientras que otras fueron trasladadas a distintas cárceles y lugares de cautiverio del país.
Cabe aclarar que la causa que se investiga en el Juzgado Federal de Rosario se inició en 2012 a instancias de un grupo de sobrevivientes, y los pedidos de declaraciones indagatorias fueron realizados en marzo de 2017. Recién a comienzos del presente año el juez Bailaque ordenó la realización de 46 del total de 102 solicitadas por la fiscalía.
En este sentido, desde la fiscalía de Villate calculan que se tomarán entre 3 y 4 declaraciones por día, por lo que se finalizarían hacia comienzos de abril. En el caso de todos los citados, el juez dictó la prohibición de salida del país.
Según la investigación de la fiscalía, “las víctimas del cerco represivo habían logrado previamente reivindicaciones obreras a pesar de las presiones de los directivos de las empresas metalúrgicas y la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que habría actuado en complicidad con la empresa”.
“El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército”, describe la acusación de Villate, y agrega que “principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”.
De acuerdo a la causa, “a partir de ese momento se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.
(Indimedia)
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